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Río de Janeiro, Brasil. AFP y EFE. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intervino para cerrar el clima de malestar entre su Gobierno y militares a causa de crímenes cometidos durante los años de la dictadura, entre 1964-1985.
“Debemos aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura”, dijo Lula hace pocos días, al afirmar que lo más importante “no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos”.
Lula formuló esas declaraciones al firmar un proyecto de ley que admitía la responsabilidad del Estado en el incendio de la sede de la Unión Nacional de los Estudiantes, en 1979, en Río de Janeiro.
Con su discurso, Lula quiso poner punto final a la polémica lanzada por el ministro de Justicia, Tarso Genro, quien el pasado 31 de julio cuestionó la Ley de Amnistía, negociada en 1979 entre autoridades militares y las víctimas.
Por esa Ley de Amnistía, las partes acordaron la liberación de los prisioneros políticos y el retorno de los exiliados a cambio del perdón eterno a las atrocidades cometidas por los agentes represivos.
Oficialmente hay registrados 400 muertos y 160 desaparecidos en Brasil, pero las Fuerzas Armadas se rehusan a autorizar la apertura de los archivos que permitirían conocer detalles de aquellos años.
A la vez, al menos 175 exmilitares que participaron en las operaciones para aniquilar a la guerrilla exigen ante la justicia indemnizaciones por los daños morales y físicos sufridos en el combate, informó ayer el diario Folha de Sao Paulo.
