El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mayor de la oposición en México, presentó un equipo de abogados que defenderán a los exfuncionarios públicos presuntamente implicados en la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971.
El anuncio se hizo horas antes de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que instruyó los casos, entregara a un juez el expediente sobre la matanza de decenas de estudiantes.
El expediente podría contener peticiones de arresto por el delito de genocidio, incluyendo una contra el expresidente Luis Echeverría, quien gobernó México de 1970 a 1976, cuando ocurrieron los hechos.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI anunció el equipo, formado por seis personas expertos en derecho penal y procesal.
“Esta comisión de juristas ya está trabajando y ha asumido su responsabilidad con mucha seriedad. No pretendemos entrar en una guerra de juristas sino pretendemos que se aclaren las cosas”, dijo Roberto Madrazo, dirigente del PRI.
Lucha política
Para el opositor, el gobierno de Vicente Fox juega con fuego si pretende “judicializar” la política sin tener las pruebas de que los priistas y los militares involucrados sean culpables.
“Si solo vamos a ir a discutir la llamada guerra sucia con base en declaraciones periodísticas de la época o con libros escritos por personajes que participaron en la época o con testigos de oídas de la época, pues estaríamos juzgando alejados del derecho”, añadió.
Madrazo denunció que el inicio de las órdenes de arresto es una cortina de humo del Gobierno federal, “que pone en riesgo la existencia de las instituciones y por tanto, del Estado mismo”.