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Guatemala
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo el domingo que no renunciará al cargo, luego de que la fiscalía solicitara el retiro de su inmunidad por su presunta participación en un caso de fraude aduanero.
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"No hay una línea, son dos, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga. Sin duda, enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud" , dijo el mandatario en un mensaje difundido a través de los canales nacionales y en el que negó, reiteradamente, su participación.
"Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. mi consciencia en ese sentido esta tranquila".
"Daré la cara y demostraré (...) que no he sido parte, y mucho menos, receptor de esos fondos mal habidos en prejuicio del pueblo de Guatemala" , dijo Pérez Molina en un mensaje difundido a través de los canales nacionales.
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"Esto me obligo a pedir disculpa pública y a decir lo que nace del fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos", añadió, negando que fuera a renunciar al cargo por estos señalamientos.
Guatemala ha registrado varias jornadas de protestas exigiendo la renuncia del presidente, luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la corrupción en Guatemala descubrieran varios hechos de corrupción de funcionarios en el gobierno de Pérez Molina.
La falta de presencia pública del presidente Pérez Molina obligó a una jueza a realizar un recurso de exhibición personal para conocer su paradero.
Tras verificar que se encontraba en la casa presidencial, la jueza Carmen Pocóm dio por concluido el recurso.
El domingo, la comisionada presidencial para la reforma policial Adela Torrebiarte presentó su renuncia, uniéndose a seis funcionarios más que el sábado dimitieron tras las denuncias de corrupción contra el gobierno de Pérez Molina.
El ex vicepresidente Eduardo Stein (2004-2007) dijo que el país atraviesa una crisis política profunda.
"Hemos llegado a una crisis política verdaderamente grave, nunca antes en nuestra historia democrática el ministerio publico había solicitado que se le retire la inmunidad a un presidente en ejercicio presentando elementos probatorios muy serios", dijo Stein.
Mientras tanto, varios sectores, entre ellos el empresarial, exigen la salida del presidente.
Stein, analista político, dijo que a pesar de la crisis existe en el país un marco jurídico que prevé una eventual salida del presidente del poder.
"Hay incertidumbre en la ciudadanía pero no hay duda institucional, pues hay un marco legal", dijo Stein.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala solicitaron el retiro de la inmunidad de Pérez Molina tras una investigación en la que determinaron que una red de funcionarios y particulares recibía sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos.
Según las evidencias encontradas, los sobornos eran repartidos entre los integrantes de la red. Las autoridades aseguran que Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti estaban a la cabeza de la red.
Baldetti renunció al cargo el pasado 8 de mayo tras su vinculación, y el viernes fue detenida y enviada a prisión por un juez.
La red denominada "La línea" era una estructura liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, el ahora prófugo ex secretario privado de Baldetti, quien se encargaba de entregar los sobornos al presidente como a la ex vicepresidenta.
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Entre las evidencias obtenidas por autoridades se determinó que en una semana, Pérez Molina y Baldetti habrían recibido al menos dos millones de quetzales (unos $262.000) en sobornos. Las autoridades centran su investigación en un año de supuestas actividades de la red.
En los allanamientos hechos por las autoridades se encontró una cotización a nombre del presidente Pérez Molina que buscaba blindar su vehículo Jaguar XF por $23.000, así como cheques a nombre de Baldetti por varios millones de quetzales.
La comisión investigadora, un ente de Naciones Unidas para desarticular cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88.000 escuchas telefónicas de los hechos.
Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares. Las autoridades han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas incluidas al menos la mitad en prisión.
