Washington. AFP Y AP. Tras más de una década de reclusión sin proceso judicial, los internos de la prisión estadounidense de Guantánamo han recurrido a una generalizada huelga de hambre, que mañana cumplirá cuatro meses, para expresar su desesperanza por la incertidumbre en la que están inmersos.
A kilómetros de distancia, 150.000 personas firmaron una petición al presidente Barack Obama, para que el Gobierno de EE. UU. ponga fin al calvario que viven los detenidos.
El ayuno es seguido por 100 de los 166 presos, según las autoridades de la prisión.
“Estoy perdiendo la esperanza porque llevo encarcelado en Guantánamo cerca de 11 años y todavía no se cuál será mi destino”, explicaba en una petición Obaidulah, afgano de 33 años acusado de ser un experto en explosivos de Al Qaeda.
“No es necesario hacer ningún cálculo para constatar que los detenidos que juegan con la muerte no son combatientes enemigos, ni sospechosos de terrorismo, ni militantes ni ninguna de esas expresiones que provocan miedo”, estimó la revista New Yorker en un editorial.
Callejón sin salida. ¿Por qué estos hombres aterrizaron en esta “tierra de nadie”, según la expresión del propio Barack Obama? “Simplemente fueron atrapados en Afganistán o en Pakistán y vendidos a los norteamericanos”, explica Smith, quien defiende a Shaaker Amer, británico en huelga de hambre desde hace 70 días.
Por su parte, un grupo de trabajo que debía determinar el futuro de la prisión detalló en 2010 que “un total de 48 de los detenidos son demasiado peligrosos para ser transferidos pero su procesamiento judicial no es factible”.
Las razones son varias. El miedo de que los presos, pese a no haber sido probada su vinculación a Al Qaeda, puedan haberse “radicalizado” y se unan al extremismo radical se han convertido en un obstáculo que se agrava con los años.
A su vez, muchos de los testimonios de los reclusos fueron obtenidos bajo tortura y ahora no pueden ser utilizados en las comisiones militares, por el temor a que se revelen detalles de esos oscuros años.
Finalmente, la oposición del Congreso, la falta de acuerdos diplomáticos bilaterales para transferir presos y una moratoria en la repatriación de presos yemeníes a su país ha bloqueado aún más el camino para vaciar y eventualmente cerrar la prisión, nacida en 2002 y que llegó a tener cerca de 700 internos en 2003.