Casi 1.000 personas, entre ellas 450 niños, fueron asesinadas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador, país que por entonces estaba inmerso en una guerra civil (1980-1992).
Tres testigos narraron ayer la matanza, perpetrada por el ya extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en una audiencia celebrada en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en el marco del 45.° periodo extraordinario de sesiones de la Corte IDH, que se inició ayer y se extenderá hasta el viernes próximo.
Durante la primera fase de la sesión, los representantes del Gobierno de El Salvador se abstuvieron de realizar preguntas a los testigos, aceptaron la veracidad de las declaraciones y reconocieron la responsabilidad del Estado en la comisión de los hechos denunciados.
El propio presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón en enero por lo que calificó como “la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana”.
El director de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador, David Morales, explicó que el Gobierno de su país es consciente del sistemático proceso que hubo durante 27 años para negar los hechos de El Mozote.
Además de los asesinatos, decenas de mujeres y niñas fueron violadas, otros habitantes fueron desplazados y se destruyeron todos los bienes de las poblaciones.
El presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, dijo que el reconocimiento se incorpora al proceso y que será parte fundamental para dictar una sentencia.
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