Uribe defendió el pago de rescate por el voluntario Diego Rojas, secuestrado el 9 de setiembre junto a un chofer y un traductor en una carretera de Afganistán, donde trabajaba con la ONG francesa Misión de Ayuda al Desarrollo de las Economías Rurales.
“Advertido sobre el riesgo para el compatriota, pedí que se hicieran todos los esfuerzos, y si hay que pagar definitivamente una suma para salvar su vida, que la paguen”, señaló el presidente a radio Caracol, al explicar su posición.
La decisión de pagar rescate generó críticas de las familias de unos 58 rehenes que la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretende cambiar por 500 rebeldes presos, en un canje que no ha podido ser negociado por diferencias entre las partes sobr condiciones y lugar donde deben realizarse.
“El gobierno debe tener un tratamiento igualitario con todas las víctimas del secuestro”, dijo Olga Gómez, directora de la organización privada País Libre, que trabaja con las víctimas de secuestro.
Gómez cuestionó que Uribe pida hacer lo posible para la liberación de un colombiano en el extranjero, pero no muestre ese empeño en definir suerte de rehenes de la guerrilla y otros secuestrados.
Las FARC han exigido que Uribe ordene el retiro de las tropas de los municipios de Florida y Pradera, en el departamento del Valle, para negociar allí.
El Presidente, que en su primer mandato se negó a desmilitarizar cualquier región, aceptó en diciembre una propuesta más limitada de Francia, España y Suiza, para que la “zona de despeje” sea de 180 km en torno a un pequeño caserío en la misma área. Los rebeldes han guardado silencio sobre la oferta.
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