Argueta murió la noche de jueves en un hospital de la ciudad de Catamas, departamento oriental de Olancho, a causa de las heridas de bala que recibió, declaró a periodistas el subdirector de la Defensa Pública, Omar Galeano.
La abogada, según versiones de testigos, fue atacada por desconocidos que se transportaban en motocicleta, cuando salía de su oficina, agregó, sin más detalles.
El presidente del Colegio de Abogados, José Valladares, dijo a periodistas que la jurista recibió “al menos ocho impactos de bala”.
Hasta ahora, la Policía no tiene pistas sobre las causas del homicidio de Argueta, quien se desempeñaba como defensora pública, indicaron fuentes policiales.
El crimen ocurrió luego de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, avaló un decreto legislativo que aprueba la cadena perpetua para quienes cometan magnicidio contra los titulares de los tres poderes del Estado, operadores de justicia y diputados.
“Quien se atreva a proponer tan siquiera a conspirar o ejecutar un atentado contra los operadores de justicia va a estar en serios problemas y lo vamos a agarrar donde sea”, subrayó Hernández ayer al sancionar el proyecto legislativo en la Casa Presidencial.
Además, agregó que las personas que atenten contra quienes imparten justicia en Honduras “ van a tener que pagar con buena parte de su vida privados de libertad ” .
El 11 de octubre fueron asesinadas en San Pedro Sula, norte de Honduras, las fiscalas Marlene Banegas y Patricia Eufragio, quienes fueron atacadas a tiros por hombres no identificados, caso por el que las autoridades han detenido a cuatro personas.
En Honduras han asesinado a 84 abogados desde 2010, incluida Argueta, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.