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Guatemala ACAN-EFE Guatemala vive, desde este viernes, un terremoto político luego de que autoridades acusaron al presidente de la República, Otto Pérez Molina, y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, de dirigir la millonaria estructura de corrupción estatal llamada La Línea.
“Tenemos que decirlo, al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti”, aseguró el abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
La Cicig fue creada por Naciones Unidas, a pedido de Guatemala, para ayudar al país a desmantelar las estructuras paralelas de corrupción.
Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, identificaron al mandatario y a Baldetti como los poderes más altos de una trama de corrupción en el ente recaudador de impuestos, que en solo dos transacciones identificadas, de miles aún por analizar, recibió pagos por 1,6 millones de quetzales ($200.000).
Antejuicio. Con la evidencia, la Fiscalía General y la Cicig presentaron a los tribunales un pedido de antejuicio contra el gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
Por el mismo caso, fue arrestada ayer viernes la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
Las autoridades señalaron originalmente en abril, cuando se destapó el caso, al secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, como la figura más alta del organigrama criminal, pero los documentos hallados en los allanamientos posteriores confirmaron la vinculación de la Presidencia.
La supuesta trama criminal operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ingresó más de 500 contenedores de manera ilegal con la complicidad de al menos 27 personas.
Las pruebas más contundentes, según Velásquez y Aldana, fueron localizadas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los 27 detenidos, quien a pesar de no ser empleado de la SAT, le envió a Pérez Molina, el 13 de abril, un informe sobre la recaudación aduanera.
En la computadora de González también fueron hallados detalles sobre pagos efectuados a Monzón Rojas, quien es buscado por las autoridades guatemaltecas e internacionales.
“Afortunadamente, llevaban muy en orden los pagos”, explicó Velásquez en referencia a los hallazgos, en los que se incluyen tablas sobre el control de sobornos.
La investigación original de la estructura criminal empezó en mayo del 2014 e incluyó 66.000 sesiones de escuchas telefónicas.
Actualmente ya incluye 88.920 escuchas interceptadas; 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 11 allanamientos, 650.000 folios, 32 agendas, 100 personas relacionadas y 22 empresas.
En esas escuchas, los integrantes de la estructura criminal hablaban de una persona a la que denominaban como “la R”, “la dos” o “la señora”, apelativos que se relacionaron con Baldetti, pero que hasta hoy no habían sido oficialmente vinculados a ella.
El comisionado de la Cicig precisó que “todas estas referencias (y otras) corresponden” a Pérez Molina y Baldetti, aunque aclaró que el término “la R” se refería a la repartición de la recaudación tributaria ilegal para los altos mandos de la estructura.
“Si decimos que el ‘1’ se refiere al presidente y la ‘2’ a la exvicepresidenta, es porque tenemos evidencias más allá de las escuchas”, destacó el abogado.
La Cicig y el Ministerio Público describieron en su momento a La Línea como “una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos de los debidos” a la hora de ingresar mercancía al país centroamericano. Para contactar la estructura, los importadores llamaban a un número de teléfono conocido como La Línea.
Los empresarios que apelaban a La Línea pagaban solo una parte del impuesto establecido en las aduanas gracias a la red, cuyos miembros coordinaban que la operación tuviera éxito en puertos del Pacífico y Atlántico guatemaltecos.
El monto de lo defraudado no ha sido divulgado, pero, según medios locales, La Línea se quedaba con casi la mitad de lo que desembolsaban los importadores que apelaban a ella, y en un solo día llegó a adueñarse de unos $70.000.
El director de la SAT, Omar Franco, fue detenido el 16 de abril junto a su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otros funcionarios y particulares involucrados en el caso.
La estructura tenía como líderes intermedios a Francisco Javier Ortiz Aldana, conocido como el “teniente Jerez”, y quien operaba desde una oficina bajo el nombre de “Boutique Emilio”, donde se repartían las ganancias y donde fueron decomisados más de $700.000.
Baldetti Elías y Monzón Rojas se encontraban en Corea del Sur cuando las autoridades destaparon la red, pero el entonces secretario no regresó a Guatemala y es buscado por autoridades locales y la Interpol.
