Guatemala. AP. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a favor del presidente Otto Pérez Molina y frenó el proceso que se sigue contra el mandatario para establecer si se le retira o no la inmunidad por su supuesta relación con dos casos de corrupción.
La resolución de la Corte no fue unánime: de cinco magistrados, dos votaron en contra, con el argumento de que no ameritaba otorgar el amparo.
El abogado Alexánder Aizenstatd, especialista en temas constitucionales, cree que el efecto que produce el amparo provisional es detener todo el proceso de antejuicio iniciado contra Pérez Molina, hasta que la Corte de Constitucionalidad cambie de parecer u otorgue un amparo definitivo.
La Corte otorgó el amparo provisional solicitado por la abogada Karen Fisher, quien reaccionó en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite de antejuicio contra el presidente.
De acuerdo con Aizenstatd, para poder presentar un amparo, se debe cumplir con requisitos indispensables, uno de ellos es la legitimidad de quien interpone la acción.
“Se debe tener un agravio personal y directo, que le afecte a esa persona en particular. A primera vista, me parece que ella no cumple con ese requisito indispensable”, dijo.
El jueves, también el diputado Baudilio Hichos, presidente de la comisión del Congreso que estudia si retiran o no la inmunidad a Pérez Molina, renunció tras conocerse que está involucrado en un caso de corrupción.
El miércoles, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron que se le retire la inmunidad parlamentaria a Hichos porque habría participado en la contratación del arrendamiento de un edificio de forma fraudulenta.
El diputado es presidente de la Junta Directiva de una empresa que alquiló un edificio de su propiedad al Seguro Social por 2,1 millones de quetzales (unos $270.000), operación que se realizó supuestamente evadiendo los procesos de la ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Además, los involucrados se asociaron para fingir una inexistente remodelación del edificio, a lo que se prestó una empresa constructora local, según los cargos de la Fiscalía.
Hichos, junto a otros cuatro diputados, investigaba si existen motivos suficientes para retirarle la inmunidad a Pérez Molina por dos casos de corrupción. El primero está relacionado con un fraude al fisco por varios millones de dólares y otro al Seguro Social por $15 millones.
Por ambos casos, han sido detenidos funcionarios de alto nivel nombrados por Pérez Molina.
El presidente Pérez Molina calificó este jueves como un proceso “espurio” y sin pruebas el trámite iniciado en su contra.
Pérez, quien envió por escrito sus alegatos de defensa a la comisión legislativa que lo investiga, y de la cual era miembro Hichos, dijo a periodistas que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) validó el proceso de antejuicio sin evaluar las pruebas presentadas por el diputado opositor Amílcar Pop, del izquierdista partido Winaq.
El congresista planteó pruebas que “supone o escuchó, nada que le pueda constar. Eso lo convierte en una situación puramente política, o espuria o ilegítima”, aseguró el gobernante.
Pop acusa a Pérez de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio al responsabilizarlo por los fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social.
En el documento enviado al Congreso, Pérez indicó que el Poder Judicial no cumplió con el procedimiento constitucional de estudiar las pruebas y solo trasladó el expediente al Parlamento, que conformó la comisión investigadora integrada en su mayoría por diputados de oposición.