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Nueva York, Estados Unidos
Provocó la muerte de 78 personas. Conspiró para enviar más de 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Lavó millones de dólares en contratos con el gobierno. Y preso en Nueva York, hizo temblar a poderosos de Honduras con escandalosas denuncias en los tribunales.
Durante una década, de 2003 a 2013, Devis Leonel Rivera Maradiaga y su hermano Javier lideraron junto a sus padres y otros hermanos el sanguinario cartel Los Cachiros de Tocoa, Colón, en la costa atlántica de Honduras, uno de los países con mayor tasa de homicidio del mundo.
Pero con miedo a ser asesinado cuando el Departamento del Tesoro estadounidense colocó a toda la familia en una lista negra en setiembre de 2013 y el gobierno hondureño comenzó a incautarles propiedades, Leonel Rivera grabó a escondidas a colaboradores como Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). Primero por su cuenta y luego, a partir de diciembre de 2013, en colaboración con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.
Este hombre que cumplió el martes 40 años, de fino bigotillo, baja estatura y arqueadas cejas que le otorgan un aspecto de eterno enojo, negoció junto a su hermano Javier un acuerdo con la fiscalía de Nueva York que los llevó a prisión, pero salvó de la cárcel al resto de su familia.
Su madre, su padre, una hermana y un tercer hermano viven hoy en Estados Unidos, presumiblemente bajo una nueva identidad, protegidos por el gobierno estadounidense.
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"Lo que hace este caso tan interesante es que es una pequeña ventana a cómo el crimen organizado y las élites están interconectadas en lugares como Honduras", dijo Steven Dudley, co-director del centro de estudios Insight Crime, que investiga el crimen organizado en las Américas y tiene su sede en Washington DC.
"Y es importante porque envía el mensaje de que la impunidad no es total, de que hay alguna rendición de cuentas, en algún lugar. Que existe un sistema que desea exigir cuentas incluso a los más altos poderes, ¿pero se traduce esto en un cambio real en Honduras? No lo sé aún", reflexionó.
La justicia estadounidense anunció esta semana que Leonel Rivera será sentenciado por el juez John Koeltl el 14 de abril.
A raíz de las denuncias de Rivera, las autoridades descubrieron que los Cachiros tenían al menos 22 contratos con el exgobierno Lobo, dijo el miércoles la fiscalía de Honduras. La fiscalía también anunció que investigará de oficio a las figuras públicas señaladas por el exjefe narco.
Entre el 5 de diciembre de 2013 y el 21 de setiembre de 2015, Leonel Rivera se reunió 22 veces con fiscales estadounidenses para dar información y negociar su entrega, según documentos judiciales a los que accedió la AFP.
Los dos hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a la DEA en enero de 2015, Leonel en las Bahamas y Javier en Miami. En abril de 2016, ambos se declararon culpables de los cinco delitos de los que son acusados, entre ellos asesinato, liderazgo de una banda de narcotraficantes y conspiración para enviar drogas a Estados Unidos.
Los Cachiros recibían la droga de Colombia que llegaba en aviones o lanchas rápidas y la transportaban por tierra hasta Guatemala, desde donde viajaría a México y luego a Estados Unidos, contó Leonel Rivera en su primera aparición como testigo del caso contra Fabio Lobo el 6 de marzo.
Según Rivera, a cambio de sobornos el cartel era protegido por Fabio Lobo y por el entonces presidente Porfirio Lobo, su hermano Ramón Moncho Lobo, el actual ministro de Seguridad Julián Pacheco o el diputado Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, así como por policías y militares corruptos.
Todos niegan tajantemente las acusaciones menos Fabio Lobo, capturado en 2015 por la DEA en Haití. Se ha declarado culpable de narcotráfico y será sentenciado el 30 de mayo.
Los crímenes que Leonel Rivera admitió cometer acarrean una pena mínima de cadena perpetua, pero su suerte depende del juez Koeltl.
Su acuerdo con la fiscalía, firmado el 14 de abril de 2016 y al que accedió la AFP, prevé la eliminación de los cinco cargos en su contra si dice la verdad, no comete más crímenes y testifica cuando el gobierno se lo pide. El gobierno también podría otorgarle una carta "5K1" que pide una reducción de la sentencia y eventualmente acogerle en el programa de protección de testigos.
"Es el acuerdo con el diablo", dijo a la AFP un abogado allegado al caso. "Este hombre ha admitido matar a 78 personas" pero el juez "tiene total discreción a la hora de decidir su sentencia". En teoría, "podría salir caminando de la corte" y luego obtener una nueva identidad.
