EscucharCiudad de Guatemala. ACAN- EFE. Guatemala ha emprendid, en los últimos tres meses, una inesperada guerra contra la corrupción que amenaza con llevarse por delante a los tres poderes del Estado, incluido el presidente del país, Otto Pérez Molina .
El recuento de los daños, desde el pasado 16 de abril, incluye la dimisión de la entonces vicepresidenta del país, Roxana Baldetti ; la implicación de al menos 10 altos funcionarios en varios escándalos de corrupción; otros cinco en proceso de perder la inmunidad y una crisis institucional que sienta un precedente histórico.
“Creo que nadie se esperaba este escenario, en donde estamos viendo que por primera vez en la historia del país hay un esfuerzo de alguna institución del Estado por combatir la corrupción”, advierte Óscar Vásquez Bocanegra, analista político y director de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
El Poder Ejecutivo es, probablemente, el más afectado por la docena de escándalos de corrupción destapados desde abril hasta ahora por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidades a las que hace referencia Vásquez Bocanegra.
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Una mujer porta una antorcha durante una marcha para protestar contra la corrupción el sábado en Ciuad de Guatemala. | EFE. (Esteban Biba)
Escándalo. Baldetti dimitió el 8 de mayo, vinculada a un caso de contrabando y defraudación aduanera, y ahora Pérez Molina está inmerso en una investigación en el Congreso que podría culminar con el retiro de su inmunidad, a la espera de una votación de los 158 diputados del ente legislativo.
El presidente, acusado por el mismo escándalo que derribó a Baldetti y otro caso más de corrupción en el Seguro Social, ha perdido a casi todos sus hombres de confianza, algunos de ellos, incluso, en prisión preventiva.
Su exsecretario privado y director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, está en la cárcel, acompañado por el presidente del estatal Banco de Guatemala y directivo del IGSS, Julio Suárez Guerra, junto a otros tres servidores públicos de alto nivel, involucrados en el escándalo.
También están tras las rejas por corrupción los últimos dos directores del ente recaudador de impuestos, Omar Franco y Carlos Muñoz, ambos nombrados por Pérez Molina, además del decano de la Facultad de Medicina de la universidad estatal, Jesús Oliva Leal.
A la lista de encarcelados se suman 14 funcionarios aduaneros, 12 trabajadores del Seguro Social y el ex subdirector de la Policía Nacional Civil Héctor Florentino Rodríguez Heredia, involucrado en otro millonario escándalo de corrupción, esta vez dentro de las fuerzas de seguridad.
El exsecretario de Baldetti y presunto líder de la estructura criminal en las aduanas, Juan Carlos Monzón Rojas, está prófugo y es buscado por autoridades locales e internacionales.
Además, los ministros de Energía y Minas, Ambiente e Interior salieron del gabinete de Pérez Molina inmiscuidos en investigaciones por malversación de fondos públicos, pero no se confirma aún su responsabilidad.
La lucha en contra de la corrupción, dirigida por la fiscala general, Thelma Aldana, y el comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, tampoco le ha dado tregua al Congreso de la República.
El empresario y expresidente del Parlamento, Pedro Muadi, fue sindicado en junio de crear una estructura de plazas fantasmas en el Congreso durante su mandato al frente de la entidad, en 2013, con la complicidad de dos personas de su confianza.
