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Ciudad de Guatemala. AFP. La Picachu tiene 16 años y trabaja como asesina a sueldo para una de las principales pandillas que operan en Guatemala. Su caso es cada vez menos extraño en ese país, que registra en 2014 un aumento del 620% en detención de menores involucrados en homicidios.
La Picachu, cuyo nombre oficial queda en reserva por ser menor de edad, es integrante de la pandilla mara 18, una de las dos que dominan gran parte de Ciudad de Guatemala.
La policía local está convencida de que la adolescente se dedica a las extorsiones de comerciantes y a asesinar a todo aquel que no pague, porque obedece las órdenes de los líderes de la pandilla.
La joven fue detenida el 12 de agosto pasado, cuando caminaba por la zona 18, área roja en cuanto a criminalidad al norte de la capital guatemalteca.
En el interior de su suéter blanco escondía una pistola nueve milímetros y 16 balas.
Las detenciones de menores por homicidio crecieron 620% en los primeros tres meses de 2014 con la captura de 36 jóvenes que no han cumplido los 18 años. Un año antes, en el mismo periodo, fueron cinco los menores detenidos, según el Organismo Judicial guatemalteco.
En los últimos treinta días las autoridades informaron de la detención de al menos 10 menores acusados de asesinato.
Un niño de 14 años fue capturado el 5 de agosto por matar a tiros a un chofer del transporte público.
Un día antes, otro adolescente de 15 años fue enviado a un juzgado con una pistola Glock en su poder acusado de matar a una mujer.
La lista continúa con un joven de 16 años, supuesto sicario detenido al conducir un vehículo robado, y con otro de la misma edad, apodado Lombriz, capturado después de confesar que asesinó a German Leonel Muy Motta, quien era un chofer de autobús.
Legislación. La ley guatemalteca, siguiendo los convenios internacionales, impone un máximo de seis años de cárcel por homicidio para los menores de 18 años. En cuanto a los adultos, la pena llega actualmente a los 25 años.
A mediados de julio se presentó en el Parlamento guatemalteco una iniciativa de ley que permitíría aumentar las sanciones para los menores de edad de hasta 15 años.
“El gasto público destinado a la niñez y adolescencia en Guatemala es de 70 centavos de dólar diario por cada menor”, explicó Alejandra Contreras, investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
“La inversión, que incluye educación, salud y protección social, es un monto a todas luces insuficiente”, opinó Contreras, experta en temas de infancia, derechos humanos y economía.
“La sociedad debe comprender que es erróneo criminalizar a los niños”, agregó la investigadora, quien recordó un contexto en el que casi ocho de cada diez menores viven en condiciones de pobreza.
Alerta. Guatemala registró en el primer trimestre de 2014 un total de 588 casos de menores juzgados por diversos delitos, 26% más que los 465 admitidos en el mismo periodo del año 2013.
Los cuatro centros correccionales juveniles (tres para hombres y otro para mujeres) recluyen actualmente a alrededor de 1.000 menores. En 2012 eran aproximadamente 500, según datos de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.
La mayoría de los menores están detenidos por el delito de extorsión, seguidos por asesinato, violación y robo.
“Esto hace pensar que nuestros adolescentes viven en un ambiente de conflicto bélico, sin estarlo en apariencia”, dijo Contreras.
