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Tegucigalpa. AP. Cinco años después del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por promover la reelección presidencial, los mismos sectores que propiciaron el golpe de Estado plantean ahora las bondades de permitir que el actual mandatario se mantenga en el poder por un segundo periodo.
“En este mundo moderno no podemos tener un bozal, queremos discutir todos los temas”, arguyó el jefe de la bancada oficialista en el Congreso, Óscar Álvarez, al presentar el 8 de diciembre, ante la Corte Suprema, un recurso de inconstitucionalidad, firmado por 16 diputados del Partido Nacional (en el poder), que pide modificar un artículo de la Carta que prohíbe defender la reelección .
La iniciativa tropezó con el firme rechazo de la oposición, que en una actitud nunca vista en Honduras se unió en el Congreso a mediados de diciembre para denunciar lo que consideran la deriva dictatorial del gobierno de Juan Orlando Hernández, un presidente que se está apoyando cada vez más en el Ejército para desarrollar el lema con el que fue elegido hace un año: la lucha contra el narcotráfico y las pandillas.
Plantear el debate sobre la reelección podría acarrear hasta 12 de años de cárcel y pérdida de los derechos políticos, de acuerdo con la Constitución.
“El recurso busca quitar esa pena y si el pueblo quiere que la Cámara convoque un plebiscito popular sobre este tema, que se haga”, manifestó el diputado oficialista Mario Pérez.
Frente opositor. La reacción opositora incluyó un manifiesto leído por el expresidente Zelaya, como cabeza del Partido Libertad y Refundación (Libre), segunda fuerza política; Mauricio Villeda, titular del Partido Liberal, y Salvador Nasrallah, del Partido Anticorrupción, que postulaba hacerle frente a “la dictadura y en defensa de la ley” porque la propuesta de reelección “destruye la base jurídica del ordenamiento constitucional”.
“El delito es de traición a la patria”, dijo Nasrallah.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, que deben decidir sobre el recurso, han sido vistas en el pasado como dependientes de quien las nombró hace un año: el entonces presidente del Congreso y ahora presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
“Si él pide una interpretación, la sala constitucional va a interpretar a su favor”, opinó el juez Ramón Enrique Barrios.
Para el juez Barrios, “si antes era Zelaya quien buscaba el continuismo, ahora es Hernández quien lo busca”.
El exmiembro del Tribunal Supremo Electoral Enrique Ortez cree que el riesgo es no haber aprendido nada de la crisis político-institucional del 2009. Si se aprueba la reforma, advirtió, “se abrirían las heridas profundas que existen en el país”.
Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado militar en junio del 2009, con apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso tras un periodo de fuerte turbulencia política en Honduras.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación , publicado en el 2011, Zelaya había tomado decisiones económicas sobre la distribución de carburantes en el país y la subida del salario mínimo que lo puso en choque con parte del sector empresarial.
Pero el motivo esgrimido en público por los partidarios del golpe para justificar la detención del presidente y su envío al exilio, fue el llamado a una consulta popular conocida como “la cuarta urna”, en la que planteaba la convocatoria de una asamblea constituyente que debatiría, entre otros temas, la posibilidad de la reelección presidencial.
Convencidos de que Zelaya estaba acercándose a las posiciones políticas defendidas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la derecha y el Ejército lo derrocaron.
Si Zelaya ahora se opone a debatir la cuestión es porque, según él, en Honduras no se dan las garantías para evitar el fraude electoral, que lleva denunciando desde las elecciones de noviembre del 2013, en las que su esposa, Xiomara Castro, perdió.
Para aceptar el debate sobre la reelección, Libre plantea una asamblea constituyente que debata sobre la totalidad de la Carta Magna hondureña.
Según una misión de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) que visitó Honduras en diciembre, el Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a pesar de que los estándares internacionales indican que ésta debe ser de competencia exclusiva de autoridades civiles.
“La CIDH considera que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho”, decía el informe hecho público por la institución tras su visita al país.
El presidente Hernández, que en diciembre nombró por primera vez a un militar en activo para el cargo de ministro de Seguridad, ha creado diversas fuerzas de tareas de liderazgo militar para asumir el control de espacios importantes de la administración con las que pretende terminar con el descontrol anterior, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Las cifras oficiales presentan avances. Los homicidios en el país con la mayor tasa de violencia per cápita del mundo estarían descendiendo este año alrededor de un 12% según datos de la policía. También ha cumplido su promesa electoral de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos y en su primer año de gobierno lo ha hecho ya con tres.
Hernández guarda silencio sobre el tema de la reelección y ha dejado que lo planteen los diputados más representativos de su partido.
Y para quien fue presidente de la Comisión de la Verdad, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, “la prohibición de revisar los artículos pétreos le impide a una sociedad que evoluciona revisar sus acuerdos políticos fundamentales”.
A fin de cuentas, la reelección presidencial es habitual en la mayoría de las democracias del mundo.
De hecho, en América Latina, solo cinco países prohíben la reelección presidencial: Honduras, Guatemala, México, Chile y Paraguay.
