Guatemala ACAN-EFE La oposición guatemalteca liderará la comisión investigadora que determinará si se le retira o no la inmunidad al presidente, Otto Pérez Molina, para que sea juzgado por actos de corrupción.
El Congreso de Guatemala nombró este viernes por sorteo a cinco diputados, cuatro de la oposición y uno del partido oficial, quienes formarán la comisión evaluadora.
Estará presidida por el diputado Baudilio Hichos, quien pertenece al Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), la mayor fuerza de oposición en el Parlamento.
Los otros diputados son Hugo García Gudiel y Armando Chún, ambos de Líder, además de Hugo Morán, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), y Mario Linares, del gobernante Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez Molina en el 2012.
La designación se llevó a cabo al azar, mediante una tómbola con pelotas numeradas que representaban a cada legislador, y de donde salieron los cinco diputados que conforman la denominada “Comisión Pesquisidora”.
El Congreso guatemalteco conformó la comisión después de que el 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la denuncia del diputado opositor Amílcar Pop en contra de Pérez Molina, por su supuesta conexión con dos escándalos de corrupción: uno, en el ente recaudador de impuestos y otro, en el Seguro Social.
La comisión investigará la acusación contra Pérez Molina y luego, en una fecha que no ha sido definida, presentará un informe en el que recomendarán retirar o no la inmunidad que el mandatario ostenta por su cargo.
Finalmente, los 158 diputados realizarán una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que el presidente pierda la inmunidad y pueda ser juzgado en caso de que el Ministerio Público halle evidencias en su contra.
El legislador Pop, de la agrupación política de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú , acusó al presidente de cuatro delitos relacionados con los dos escándalos millonarios de corrupción, desarticulados por las autoridades en los últimos dos meses.
Por ambos casos, hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares, incluido el exsecretario general de Pérez Molina y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.
Polémico amparo. La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el amparo interpuesto el jueves por un jurista en nombre del presidente Pérez Molina, cuyo objetivo era detener la solicitud de antejuicio en su contra.
El pleno de magistrados tomó la determinación de desechar la petición después de que Pérez Molina envió, el mismo jueves, una declaración en la que aseguraba que “no consintió ni tuvo conocimiento” de esa gestión.
No obstante, otra solicitud de amparo para el presidente solicitada por la letrada Karen Marie Fischer sí continúa su curso.
Fischer explicó que interpuso el recurso “a título personal y en su calidad de ciudadana guatemalteca” porque considera erróneo el proceso desarrollado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público.
A su juicio, la denuncia del diputado Pop está basada en recortes de prensa y una solicitud de antejuicio presentada con este apoyo viola el artículo 12 de la Constitución.
“Yo no estoy prejuzgando si el presidente es o no culpable. Solo quiero que se respete nuestra Carta Magna”, sostuvo la letrada y también notaria, y mostró su preocupación por un proceso que, dice, va “a la velocidad de la luz” y sobre el que presume que se ocultan otros intereses.
En tanto, el ministro de Defensa, Manuel López Ambrosio, advirtió de que las Fuerzas Armadas no se van a “prestar para ningún rompimiento institucional”. López Ambrosio descartó cualquier posibilidad de que exista un golpe de Estado. El ministro se pronunció ante periodistas después de mantener un encuentro con Pérez Molina, en el que también participaron comandantes, directores y jefes de servicio del Ejército.
La población guatemalteca ha solicitado en varias y multitudinarias manifestaciones la renuncia de Pérez Molina y, para este sábado, han organizado una nueva protesta para exigir la dimisión del presidente y un alto a la corrupción, además de nuevas leyes electorales.