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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió hoy dar trámite a una denuncia por corrupción contra el presidente del país Otto Pérez Molina, cuyo futuro político depende ahora de una comisión del Congreso que evaluará si le retira o no su inmunidad.
La decisión unánime de la Corte fue divulgada este miércoles en rueda de prensa por su presidente, Josué Felipe Baquiax, tras una solicitud de antejuicio contra el gobernante planteada en mayo por el diputado opositor, Amílcar Pop, ante el Ministerio Público.
El legislador denunció a Pérez Molina por cuatro delitos relacionados con dos escándalos de corrupción, desarticulados en el ente recaudador de impuestos y el Seguro Social en los últimos dos meses, y por los cuales hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares.
Baquiax adelantó que este miércoles se remitiría el expediente del caso al Congreso de la República, ente al que le corresponde formar una comisión investigadora para determinar si le retira o no la inmunidad a Pérez Molina, cuyo mandato termina en enero de 2016.
El portavoz del Congreso de la República, Fernando Bolaños, confirmó que el ente legislativo recibió la tarde de este miércoles la resolución del Supremo.
La comisión permanente encargada del Congreso de Guatemala, que se encuentra en receso desde el pasado 15 de mayo, será convocada este jueves para conocer el proceso, comentó el portavoz.
Añadió que la comisión permanente, liderada por el presidente del Parlamento, el opositor Luis Rabbé, conocerá mañana mismo el expediente enviado por la Corte.
Después de eso la Comisión Permanente deberá convocar con 24 horas de antelación a los diputados a una sesión plenaria y conformar, por sorteo, la comisión investigadora que analizará el asunto de la inmunidad de Pérez Molina.
La solicitud de antejuicio del legislador se debe a la supuesta vinculación de Pérez Molina con los casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), este último presidido por Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del mandatario.
La primera solicitud del legislador también denunciaba a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo por el escándalo en aduanas, que también involucra a quien fuera su secretario privado, Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia.
Las dos tramas de corrupción provocaron una crisis política en el país, con al menos cuatro manifestaciones masivas exigiendo la renuncia de Baldetti y Pérez Molina, y la solicitud de la cúpula empresarial a la exvicepresidenta para que dejara su cargo.
Pérez Molina respondió a esos movimientos descartando una renuncia al cargo y renovando su gabinete de Gobierno.
“Veo al presidente renunciando y eso generará un triunfo en la población” , comentó Pop, quien considera absolutamente inviable que Pérez Molina se enfrente a una comisión en el Parlamento, debido a la personalidad que ha demostrado el mandatario desde que asumió el poder, el 14 de enero de 2012.
El gobierno, por su parte, manifestó su extrañeza por la decisión del Supremo, aunque reconoció que la misma está dentro de la democracia y apegada a la ley local.
El portavoz de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega, dijo que existe extrañeza en el Ejecutivo, porque Pérez Molina está obligado por la ley a nombrar a los directivos de la SAT y del IGSS, pero no tiene ninguna responsabilidad en la toma de decisiones de los dos organismos.
