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Casa Presidencial calificó anoche de “afrenta grave” al país la operación clandestina que estableció Usaid en Costa Rica, para provocar descontento social en Cuba.
“Es necesario hacer una investigación del caso, es muy grave. Si eso es cierto, es una afrenta grave a Costa Rica. Es un tema de la Cancillería. Pero, por supuesto hay que pedir una explicación”, dijo a este diario el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi.
La misión de Estados Unidos en San José declinó referirse al asunto y remitió el comunicado oficial de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) en el que acepta su participación en el desarrollo de la red social Zunzuneo.
El equipo encargado del proyecto comenzó a operar en el 2009 desde una oficina secreta en San José, según lo reveló ayer la agencia de noticias Associated Press.
Usaid no tiene representación oficial en el país desde 1996.
La oficina secreta funcionó separada de la Embajada estadounidense. “Fue una gestión inusual que levantó cejas en Washington”, reportó AP citando a funcionarios de ese gobierno.
El líder de la misión era Joseph (Joe) Duke McSpedon, un empleado de Usaid que estuvo acreditado en San José como parte de la Oficina de Iniciativas para Transición, confirmó La Nación .
En Costa Rica se planeó el proyecto y se gestionó el lanzamiento de la red que enviaba mensajes a los ciudadanos cubanos.
Registros de Migración obtenidos por este diario muestran que McSpedon vino al país en 42 ocasiones, entre el 2009 y el 2011, abordo de vuelos comerciales y privados.
En San José también estuvieron otras dos personas que trabajaron en el proyecto, contratados por Creative Associates, una firma consultora de Washington.
Se trata de Noy Villalobos Echeverría, quien permaneció en suelo tico por períodos de hasta tres meses, según los registros migratorios, y su hermano Mario Berheim Echeverría, un joven programador que desarrolló el sistema para enviar los mensajes masivos a Cuba.
Consultado por este diario, el analista Carlos Murillo opinó que el Gobierno debe solicitar a Estados Unidos información “para determinar si hubo alguna violación en las actividades que para el proyecto se realizaron en el país”.
