Aliados del gobierno catalán piden proclamar la independencia pese a los riesgos

Las facciones más duras del separatismo presionaban este viernes al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que proclame ya la República en esta región española cuya economía empieza a acusar los efectos de la crispación política.

El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.

"Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas" en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.

Puigdemont recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.

"Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia", señalaron en un comunicado.

Según el ejecutivo regional, en la consulta, prohibida por la justicia, 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.

Sin embargo, el dirigente catalán pidió el martes ante el Parlamento regional la suspensión de los efectos de la independencia, a modo de "gesto" con el que propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.

La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.

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En las últimas semanas, las calles de Barcelona han sido un hervidero y han visto desfilar a cientos de miles de personas tanto a favor como en contra de la independencia, y pertenecientes a todo el espectro político, desde la extrema izquierda secesionista hasta la ultraderecha española, obsesionada con la unidad nacional.

Presión económica. A toda esta agitación se ha unido la presión económica. En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de alto perfil sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.

Su valor combinado supone el 40% de las acciones de empresas catalanas que cotizan en la Bolsa de Madrid, y aunque no se anunciaron pérdidas de empleos, no está muy claro si las arcas de una Cataluña independiente podrían ingresar algo de estas sociedades.

Según el Colegio de Registradores de España, 540 empresas en total iniciaron los trámites entre el 2 y el 11 de octubre para trasladar sus sedes fuera de Cataluña.

"Si lo que ha ocurrido en las últimas semanas continúa, el gobierno catalán debería afrontar la realidad: las grandes empresas se están yendo, y eso es catastrófico para los ingresos fiscales catalanes", dijo Eric Dor, director de economía de la escuela de administración empresarial IESEG, de París.

Los separatistas argumentan que Cataluña impulsa la economía de España pagando más impuestos de lo que recibe en financiación, y creen que romper con el país permitiría la prosperidad de la región.

Después de todo, es el primer destino turístico, una fuerza industrial y líder en investigación y desarrollo, en publicación de libros y en nuevas tecnologías.

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Pero tiene una deuda de 76.700 millones de euros -que debe en su mayoría a Madrid- y no tiene acceso a los mercados financieros por la nota -nivel especulativo- de sus emisiones de deuda.

"Es inconcebible pensar que (el presidente Mariano) Rajoy va simplemente a perdonar esa deuda si se produjera la secesión de Cataluña de España", dijo Nathan Jones, un profesor experto en España de la Universidad británica Nottingham Trent.

Puigdemont insiste en que una Cataluña independiente sería un miembro dinámico de la Unión Europea. Pero Bruselas ha dicho repetidamente que, con una secesión, Cataluña dejaría el bloque, y sus esfuerzos por reincorporarse se toparían seguramente con el veto de Madrid.

Jones señaló que no es seguro que una Cataluña muy endeudada reuniría los criterios de adhesión, incluido la adopción del euro, aunque los obstáculos políticos desaparecieran.

"Todo eso dejaría potencialmente a Cataluña aislada de sus principales socios comerciales y fuertemente endeudada con el gobierno español, lo que dañaría gravemente a su economía", explicó.