EscucharMadrid. AFP Cataluña buscará otros “marcos legales” para poder celebrar el 9 de noviembre su referendo de independencia, afirmó ayer el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, tras recibir el rechazo masivo del Parlamento español a dicho proyecto.
“No es un punto final, es un punto y aparte. A partir de este “no” doloroso, las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales para poder celebrar esta consulta el 9 de noviembre”, dijo, desde Barcelona, en un discurso televisado tras la votación en Madrid.
Los diputados españoles dieron ayer un “no” masivo al proyecto de referendo sobre la independencia de Cataluña, tras un debate de casi siete horas.
Los legisladores rechazaron por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención una petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la competencia de organizar consultas vinculantes.
La oposición a la iniciativa unió a los conservadores del PP –del jefe de Gobierno español Mariano Rajoy– con los socialistas del PSOE y algunos partidos pequeños.
“No concibo España sin Cataluña ni una Cataluña fuera de España y de Europa”, afirmó Rajoy, al explicar su negativa a permitir un referendo que considera anticonstitucional.
Oferta de diálogo. En un vehemente discurso, Rajoy se dirigió a los habitantes de Cataluña, gran región del noreste, orgullosa de su lengua y su cultura, donde desde hace años crece el sentimiento independentista, atizado por una crisis económica que agravó las tensiones políticas.
“Se les escucha y se les entiende muy bien” aseguró, al reafirmar su “disposición al diálogo siempre que sea sobre aquellas cuestiones que la Constitución permite dialogar”. Es decir, no sobre el referendo.
“Un ‘no’ dialogante es como un helado caliente, es como el agua seca”, le respondió el diputado ecolo-comunista catalán Joan Herrera. “Un no es un no”, agregó.
Su compañera Marta Rovira, del partido independentista ERC, segunda fuerza catalana, dejó muy claro que los partidos secesionistas, muy mayoritarios en el Parlamento regional, están dispuestos a seguir adelante no obstante el rechazo.
“Tengan por seguro que ha llegado la hora de que Cataluña vote y decida su futuro”, había lanzado al abrir el debate Jordi Turull, diputado de la coalición nacionalista CiU, que gobierna en Cataluña.
Las principales fuerzas políticas catalanas fijaron para el 9 de noviembre una consulta en que los ciudadanos de la región deberán responder a una doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” y “¿Quiere que sea un Estado independiente?”.
De tener lugar, la consulta marcaría un punto de inflexión en la presión nacionalista de esa región de 7,5 millones de habitantes, donde un poderoso grupo de presión independentista, la Asamblea Nacional Catalana, ya marcó la fecha del 23 de abril de 2015, día de Sant Jordi, santo patrón de la región, para una separación unilateral.
Malestar. Fronteriza con Francia y abierta al Mediterráneo, Cataluña, otrora motor económico de España y ahora una de sus regiones más endeudadas, reclama, desde hace tiempo, una mayor autonomía fiscal y acusa al Gobierno Central español de no redistribuir la riqueza de forma equitativa, al tiempo que recentraliza competencias.
“No es verdad que Cataluña sufra opresión insoportable, no es verdad que se asfixie la lengua, que se torpedee el bienestar, como tampoco es verdad que no se les ayude en las dificultades”, dijo Rajoy.
Y advirtió a los catalanes de “las consecuencias” de la ruptura con España: “Cataluña sería más pobre, saldría de la Unión Europea, del euro, perderían todos sus derechos como españoles”.
“Lo que no cabe en la Constitución es preguntar a unos cuantos lo que afecta a todos”, afirmó, por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, principal fuerza de oposición.
“¿Tenemos un problema de convivencia entre Cataluña y España? ¿Sí o no? Y si lo tenemos, ¿cómo lo podemos solucionar?”, se preguntó Rubalcaba, cuyo partido defiende una reforma constitucional que implante un modelo federalista.
El proceso de autodeterminación catalán podría pasar por la aprobación en el Parlamento regional de una ley de consultas bajo la cual convocar el referendo sin la autorización de Madrid.
