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Madrid. EFE. El fiscal solicitó ayer al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina , hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.
Sin embargo, el fiscal Pedro Horrach pidió al juez José Castro, que investiga el denominado caso Nóos , que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros ($725.000).
En la causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide una condena para este de 19, 6 años de prisión y a pagar 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El caso Noós investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros (unos $7,5 millones) de fondos públicos entre 2004 y 2007.
Peticiones. El fiscal planteó que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el Ministerio Público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50% y que destinaron a pagar gastos personales.
Horrach sostuvo que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
El fiscal consideró que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque su marido los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar .
En su escrito, Horrach afirmó que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la “inexistencia de indicios de criminalidad”, criterio que coincide con el de la Abogacía del Estado.
Considera además que mantener su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin , la coloca en una posición de indefensión basada en “una sospecha”.
Después de conocer la petición del fiscal, el abogado de la infanta, Miquel Roca, dijo ayer que su clienta pagará de forma “inmediata” la cantidad reclamada como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, dado que no la acusan ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado, explicó el letrado.
Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, sí demandó al juez Castro que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.
