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Bucarest
El gobierno socialdemócrata rumano adoptó el martes por decreto de urgencia una modificación del código penal que permitirá que varios políticos eviten ser procesados, lo que ha llevado de nuevo a los ciudadanos a la calle para protestar.
"Hemos adoptado este texto para poner la legislación en acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional", afirmó el ministro de Justicia, Florin Iordache.
Este decreto, que no figuraba en la agenda gubernamental del día, entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial, sin pasar por el Parlamento.
"Es un día de duelo para el Estado de derecho, que ha recibido un duro golpe por parte de los adversarios de la justicia y de la lucha contra la corrupción", reaccionó el presidente de centro derecha, Klaus Iohannis, en un mensaje transmitido por su servicio de prensa.
Varios miles de personas se congregaron de forma espontánea delante de la sede del gobierno en Bucarest, gritando "dimisión" y "ladrones", constató un fotógrafo de la AFP.
Los miembros del gobierno permanecían bloqueados en el interior del edificio, afirmaron varios periodistas.
Otras protestas tuvieron lugar en varias ciudades del país, como Cluj (noroeste), Sibiu (centro), Timisoara (oeste) e Iasi (noreste), según los medios.
El ejecutivo del primer ministro Sorin Grindeanu, en el poder desde hace menos de un mes, había propuesto este texto hace 10 días, lo que provocó una importante oleada de protestas en todo el país. Su repentina adopción podría reforzar la protesta frente al joven gobierno.
Despenalización. El decreto despenaliza varias infracciones y hace que el abuso de poder pueda ser castigado con penas de cárcel únicamente si causa un perjuicio superior a 44.000 euros.
El texto debería permitir al jefe del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, evitar la principal acusación que pesa sobre él en un proceso sobre empleos ficticios que empezó el martes. Los fiscales estiman que el perjuicio en este caso se eleva a 24.000 euros.
El gobierno, en cambio, transfirió al Parlamento un proyecto de indulto de unos 2.500 detenidos que purgan penas de hasta cinco años de cárcel, renunciando a adoptarlo por decreto de urgencia como estaba previsto inicialmente.
Miles de personas se manifestaron el domingo en varias ciudades rumanas para reclamar el abandono de estos proyectos.
Bruselas, que sigue de cerca la reforma judicial en este país, ya advirtió en su último informe, la semana pasada, contra cualquier medida que pudiera debilitar la lucha contra la corrupción.
