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Barcelona. AFP, EFE. El Gobierno regional de Cataluña denunció este martes como un “juicio político” la imputación judicial del presidente de esa comunidad, el independentista Artur Mas, por organizar la consulta simbólica sobre la independencia en noviembre del 2014.
“Estamos ante un juicio político, ante la instrumentalización política de una querella que presentó la Fiscalía General del Estado”, afirmó la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, quien reafirmó su “plena convicción de que no se hizo nada ilegal”.
La Fiscalía acusa a Mas de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la organización de esta consulta del 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En ella participaron 2,3 millones de catalanes, de los cuales casi 1,9 millones votaron por la independencia.
Este martes, el juez instructor citó a Mas a declarar el 15 de octubre en esta causa, que podría acabar con su inhabilitación para asumir cargos públicos.
“Hay enorme anomalía democrática en la Fiscalía General del Estado y el Gobierno español para querellarse contra una persona y un presidente escogido democráticamente (...), por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, añadió la vocera.
Resultado electoral. Esta imputación se produjo dos días después de que los partidos independentistas consiguieron una mayoría absoluta en el Parlamento catalán (72 de 135 escaños) en las elecciones regionales del domingo, presentadas como plebiscito sobre la secesión.
Aunque no consiguieron rebasar el 50% de los sufragios, la coalición vencedora Junts pel Sí, en la que concurría Artur Mas, consideró estar legitimada para iniciar un proceso hacia la constitución, en el 2017, de una república independiente en esta rica región del noreste de España, con 7,5 millones de habitantes.
Este proceso empezará con la integración del nuevo parlamento regional, en un máximo de 20 días laborables después de los comicios, y la posterior elección del nuevo presidente regional, que deberá formar su gobierno.
Según Munté, esta citación judicial no va a “afectar para nada los pasos que hay que dar con toda la normalidad en las próximas semanas para poder constituir el Parlamento y para poder seguir con la hoja de ruta” hacia la independencia.
En Nueva York, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se mostró preocupado por la eventualidad de que Cataluña “entre en un periodo de inestabilidad política” y recordó que, aunque la Constitución “no está tallada en piedra” y “no son las tablas que bajó Moisés del Sinaí”, existe un proceso legal que debe seguirse para reformar la Carta Magna.
Ese proceso incluye cumplir con el procedimiento legal establecido, un “consenso similar” al espíritu que había para la redacción de la Constitución de 1978 y un “criterio de utilidad”; es decir, “cuáles son los problemas que resolvería una reforma de la Constitución y cuáles son los problemas que crearía”.
Aun así, el ministro cree que ahora no es el momento político adecuado para impulsar una reforma constitucional, teniendo en cuenta que España está “en vísperas de unas elecciones generales”, que se celebrarán previsiblemente en diciembre.
El triunfo de Junts pel Si (62 excaños) es insuficiente para formar gobierno, por lo que tendría que aliarse con la otra fuerza con un programa independentista, CUP, que aún no acepta apoyar al presidente Artur Mas.
