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Barcelona. AFP. El Gobierno español advirtió ayer al Ejecutivo nacionalista catalán de que no puede usar fondos públicos para organizar la votación simbólica del domingo sobre la independencia mientras los nacionalistas multiplican esfuerzos para lograr una gran participación ciudadana.
Mediante la delegada del Gobierno en esta región, María de los Llanos de Luna, el ejecutivo de Mariano Rajoy advirtió de la importancia de cumplir la suspensión dictada el martes por el Tribunal Constitucional que, hasta ahora, apenas ha alterado los planes del presidente catalán Artur Mas.
“Podrían contravenir la resolución del tribunal actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculadas a ella”, escribió Llanos de Luna en una carta enviada ayer a la que tuvo acceso la AFP.
Aviso. Los destinatarios fueron la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, al mando del dispositivo de la votación, y la responsable del Departamento de Educación, Irene Rigau, de quien dependen los institutos públicos donde el domingo deben instalarse las urnas.
Según la advertencia lanzada por la delegación, utilizar estos espacios públicos para acoger la votación del domingo podría significar una ilegalidad.
Sin embargo, los contratiempos para el Gobierno catalán no terminaron aquí. El martes denunció ante el Tribunal Supremo al Ejecutivo español por atentar contra el derecho de participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica y pidió anular la suspensión del voto como medida cautelar.
No obstante, la alta corte se declaró ayer incompetente para este asunto, competencia exclusiva del Tribunal Constitucional , desechando la última carta de Artur Mas para celebrar la consulta dentro de la legalidad.
Esto pone, por ejemplo, en situación delicada al cuerpo policial de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, subordinados al Ejecutivo regional, pero obligados a cumplir la ley como recordó el miércoles el Ministerio del Interior español. En ese sentido, la Fiscalía estaría dispuesta a actuar si el Gobierno catalán comete un “incumplimiento flagrante” de la suspensión.
Después de cancelar el referendo convocado hace un mes y suspendido también a instancias del Gobierno español, Mas impulsó esta votación simbólica, sin censo previo ni órgano de supervisión y organizada por 41.000 voluntarios, coordinados por su ejecutivo.
