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Barcelona
El expresidente nacionalista catalán Artur Mas quedó este lunes inhabilitado para ejercer cargos públicos electos durante dos años por organizar en 2014 una consulta independentista prohibida por la justicia española.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso finalmente una pena muy inferior a la requerida por la fiscalía, que era de diez años de inhabilitación.
Mas fue procesado y compareció en juicio oral en Barcelona del 6 al 10 de febrero, por mantener una consulta sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre del 2014 pese a la suspensión decretada días antes por el Tribunal Constitucional.
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El exdirigente no tardó en anunciar que recurrirá la decisión. Según explicó a la prensa flanqueado del actual presidente, el independentista Carles Puigdemont, apelará primero ante el Tribunal Supremo, luego ante el Constitucional y si es necesario "hasta las últimas instancias de la justicia europea".
Artur Mas, nacionalista conservador, fue condenado además a una multa de 36.500 euros.
Junto con él fueron condenadas sus compañeras de gobierno, la exvicepresidenta Joana Ortega (inhabilitada un año y nueve meses) y la exresponsable regional de Educación, Irene Rigau (un año y seis meses).
Por otro lado, los tres fueron absueltos de prevaricación, un cargo consistente en tomar disposiciones, en tanto que funcionario, a sabiendas de que éstas son ilegales.
Durante el juicio, Mas, Ortega y Rigau dijeron que la celebración de la consulta fue obra de una multitud de voluntarios, y que el objetivo político era "dar voz" a la voluntad popular.
El TSJC argumentó sin embargo que los tres no sólo desobedecieron la suspensión del Tribunal Constitucional, sino que "observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir" lo ordenado por este alto tribunal.
En el caso de Mas, el TSJC estimó que con su decisión de llevar adelante la consulta, "pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio entre poderes", e "hizo quebrar una regla básica" como es "la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales".
"Volveríamos a hacer lo que hicimos, exactamente igual", replicó impertérrito Artur Mas, en su declaración a la prensa.
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En aquella consulta no vinculante participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar.
De aquellos que acudieron a las urnas, un 80% apostó por la secesión de esta región del noreste de España , que cuenta con 7,5 millones de habitantes y representa el 20% del producto interno bruto (PIB) del país.
Los secesionistas, mayoritarios en el Parlamento regional desde el 2015, utilizaron el juicio oral para hacer una demostración de fuerza, y el primer día arroparon a los acusados con una manifestación de 40.000 personas ante el TSJC.
El presidente Puigdemont también criticó la decisión de este lunes, comparándola con el anuncio del gobierno regional escocés de que solicitará un nuevo referendo de independencia del Reino Unido, después de la infructuosa consulta del 2014.
"¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables", escribió el independentista Puigdemont en Twitter.
Por, su lado, el Partido Popular de Mariano Rajoy se felicitó de que "la Justicia pone a cada uno en su sitio" y "nadie está por encima de la ley", como dijo Pablo Casado, responsable de comunicación de la formación conservadora.
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Desde el 2010, los independentistas catalanes agudizaron su desafío al gobierno central de España, y han ido tramitando una serie de medidas en el Parlamento de cara a una hipotética "desconexión".
El gobierno español y la Justicia no han dejado de actuar contra esas medidas, en una compleja batalla legal que también ha llevado al banquillo al exportavoz del gobierno catalán Francesc Homs y a la actual presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell.
Pese a ello, los independentistas no cejan en su empeño y Puigdemont ha prometido para setiembre un referendo de independencia, con o sin la autorización del gobierno español. El gobierno de Mariano Rajoy ha dejado claro que no autorizará dicha consulta.
