EscucharGinebra. AFP. El Vaticano presentó ayer en Ginebra su primer informe ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, un ejercicio al que deben someterse todos los signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984 .
La Santa Sede firmó este documento internacional en el 2002, pero es la primera vez que presenta un informe ante ese comité.
Frente a las críticas de asociaciones de defensa de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, considerados como actos de tortura, la Santa Sede se defendió al afirmar que la Convención se aplica únicamente al territorio del Vaticano.
El embajador apostólico en la ONU, monseñor Silvano Tomasi, declaró que la Convención tiene autoridad sobre el territorio de la Santa Sede y no sobre todos los miembros de la Iglesia católica.
Tomasi explicó que las autoridades nacionales de los otros Estados son competentes para juzgar a los responsables de actos de tortura u otros abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica en esos países.
La jurista estadounidense Felice Gaer, relatora de la Comisión de la ONU, rechazó este razonamiento y sostuvo que todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso de su país, están sujetos a las leyes del lugar donde nacieron.
Los expertos de la ONU le pidieron a la delegación del Vaticano que se publiquen todas las medidas adoptadas contra los clérigos acusados de abuso sexual y que se garantice que fueron suspendidos de sus funciones.
El papa Francisco pidió perdón en abril por los delitos de pederastia de los curas y exigió que se aplicaran sanciones severas.
Manifestó que la Iglesia era quizá la única institución pública en haber reaccionado con transparencia y responsabilidad; sin embargo, es la única atacada, alegó.
