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Madrid
El verano se anuncia caliente en la política española, ante la determinación de los independentistas catalanes de seguir avanzando para organizar el 1°. de octubre su referendo de autodeterminación, desoyendo las múltiples advertencias del Gobierno de Madrid.
"Nuestro compromiso con el pueblo y el Parlamento catalán es claro (...) Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática", advirtió esta semana -en una entrevista con el diario francés Le Figaro- el presidente regional, Carles Puigdemont.
Poco antes, el consejero catalán de Interior aseveró que la policía regional, los Mossos d'Esquadra, facilitará la organización de la consulta.
El miércoles, los separatistas, mayoritarios en el Parlamento catalán, dieron un importante paso al aprobar una reforma que permitiría tramitar la ley de convocatoria del referendo tras un único debate.
La oposición considera que esta reforma es un ataque al sentido democrático. Y los nacionalistas replican que cuando quisieron organizar debates parlamentarios sobre sus planes, sus opositores recurrieron al Tribunal Constitucional para impedirlo.
La determinación del gobierno nacionalista, en todo caso, no ceja. Puigdemont ha prometido que en caso de ganar el "sí" con una participación que no sea "ridícula", se proclamará en 48 horas la independencia de esta región que representa el 20% del PIB español y cuenta con 7,5 millones de habitantes.
Los conservadores, en el poder en Madrid, mientras tanto ironizan sobre el poco apoyo internacional cosechado por los nacionalistas, citando con sorna a Yoko Ono, la misma a quien los fans de los Beatles acusan de haber destruido al legandario grupo.
No obstante, las autoridades están preocupadas, y la prensa menciona incluso la existencia de un "gabinete de crisis" creado en torno a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
"No es un gabinete de crisis. Hay un gabinete de vigilancia constante de cuestiones legales", respondió una fuente gubernamental, que prefirió el anonimato.
La actitud de los independentistas catalanes "no tiene precedente en democracia", afirma Carlos Carrizosa, portavoz en el Parlamento catalán del partido Ciudadanos, contrario a la secesión y principal formación de oposición.
El Tribunal Constitucional ha hecho saber que la organización del referendo implicaría sanciones para los funcionarios y empresas participantes. La Justicia española tampoco descarta embargar bienes de particulares, en caso de responsabilidad pecuniaria.
El miércoles y este jueves, tres altos funcionarios del Gobierno catalán fueron convocados por la Guardia Civil, que los ha interrogado sobre una página web de publicidad de la consulta. El instituto armado les dijo que estaban siendo investigados, cuando en realidad solo un juez puede dictaminar esa medida.
"Esto forma parte de una campaña de miedo", denunció al hilo de esta convocatoria un portavoz del Gobierno regional.
Para hacer frente a estas "presiones", los nacionalistas catalanes tratan de hacer piña.
A comienzos de julio, Puigdemont destituyó a un consejero de su gobierno que manifestó dudas sobre la viabilidad de la consulta, y dejó marcharse a otros tres, que no parecían tampoco muy convencidos. También fue reemplazado el jefe de la policía regional.
El gobierno de Mariano Rajoy describió todos estos cambios como una señal de "radicalización".
"Lo que está intentando el Gobierno catalán es que el Gobierno español actúe de manera desmesurada", para luego ponerse de víctima, considera Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la universidad Autónoma de Barcelona.
"Estamos haciendo exactamente lo que dijimos que haríamos", explicó una fuente cercana a Puigdemont, la cual añadióque su "estrategia no es provocar", sino organizar un "referendo normal".
Muchos, empezando por la oposición socialista encabezada por Pedro Sánchez, critican la falta de iniciativa política de Rajoy, cuyo equipo se limita a repetir que la votación es ilegal y no tendrá lugar.
"El gobierno que tenemos en España es un gobierno de inspectores de Hacienda y de abogados, pero no de políticos", criticó Carrizosa.
"Hace pocos años había un 17% de independentistas, ahora más de un 40%. No han hecho nada para intentar convencer a la gente, ganarse a los catalanes y reformar", añadió.
Según un sondeo reciente, un 49,4% de los catalanes se opone a la secesión, mientras que un 41,06% está a favor. Más allá de esta dicotomía, más un 70% desea que se celebre un referendo.
