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El referendo sobre la independencia de Cataluña se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para una Unión Europea (UE) que esperaba salir por fin de un decenio de crisis existenciales, desde la financiera al Brexit, pasando por la migratoria.
"En cierto modo, la UE es una institución hecha para tiempos felices. Mientras todo va bien, funciona bien. Pero tan pronto surge un problema, encuentra enormes dificultades para posicionarse y actuar", señala Stefani Weiss, directora de la oficina bruselense de la Fundación Bertelsmann.
Para esta experta, "este problema se veía venir desde hace tiempo", en referencia a la preparación desde hace años de esta consulta por los independentistas catalanes. "Pero no recibió la atención necesaria" en Bruselas, asegura.
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Testigo de ello es la posición de la UE de limitarse a comentar que es un "asunto interno" de España antes del referendo, en un bloque donde existen otros movimientos separatistas en Flandes, Escocia o el País Vasco, en particular.
Tras los ataques policiales del domingo contra los electores que querían votar en este referendo prohibido por la justicia española, la Comisión Europea llamó por primera vez al diálogo pero cuidando de no molestar a Madrid.
El ejecutivo comunitario reiteró así que el plebiscito no respetaba la Constitución española y, aunque el lunes condenó la violencia como "instrumento en política", justificó días después un "uso proporcionado de la fuerza" para garantizar la "supremacía del derecho".
Salvo Bélgica, donde los nacionalistas flamencos son un peso pesado de la coalición gobernante, y Eslovenia, país nacido de una escisión de la antigua Yugoslavia, las capitales europeas guardan silencio o muestran su férreo apoyo al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Los países más descentralizados temen incluso que el precedente catalán inspire a otras regiones con aspiraciones independentistas, creando una reacción en cadena que vuelva el actual bloque ingobernable.
"Si hoy ustedes dejan que España se rompa por Cataluña, una fila de fichas de dominó le seguirá por todo el continente. En lugar de una Europa de 27, tendremos una no Europa de mini Estados", advirtió teatralmente el eurodiputado español Esteban González Pons, del partido de Rajoy.
La Unión Europea ha sobrevivido al crash financiero mundial de 2007/2008 y a la posterior crisis de la deuda que casi implica la salida de Grecia de la zona euro en 2015.
Pero todavía no se ha recuperado totalmente de la brecha abierta por la crisis migratoria entre los países del Este y del Oeste del bloque. Y lucha todavía contra Polonia y Hungría por sus políticas juzgadas contrarias a los valores europeos, mientras negocia con Reino Unido su marcha, prevista en marzo de 2019.
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"Europa tiene de nuevo el viento en popa", estimó a principios de setiembre el titular de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión, considerando que lo peor ya había pasado en un contexto de baja del desempleo y tímida recuperación.
Juncker no contaba entonces con la crisis catalana que "es claramente una nueva piedra en el zapato" de la UE, según Frédéric Allemand, investigador en la Universidad de Luxemburgo.
Máxime si se vuelve duradera. "Durante ese tiempo, los europeos podrían desatender los verdaderos desafíos" como "las amenazas globales a la seguridad" -Corea del Norte, terrorismo, conflictos en Oriente Medio- y "la competencia económica mundial", según Weiss.
Pero a pesar de los llamados a mediar por parte de independentistas, eurodiputados o expertos, "a la UE no le interesa entrar en una mediación", ya que "legitimaría a los separatistas", apunta Allemand, subrayando que los tratados europeos no prevén el camino a seguir en caso de la escisión de un territorio de un país del bloque.
En España, el Tribunal Constitucional suspendió el referendo catalán, por lo que es imposible para la UE, un club de 28 Estados fundado en el derecho, ignorar el orden constitucional de cada uno de sus países.
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En este contexto, el referendo de independencia de Escocia en 2014, en el que el no se impuso con el 55% de los votos, se realizó con el permiso de Londres, lo que habría permitido una separación negociada.
s acusan a la Comisión, que no dudó en lanzar un pulso a Varsovia sobre su Estado de derecho, de dejar de lado a los "7,5 millones de ciudadanos europeos" de esta región del noreste de España, donde se habrían atacado "los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión".
