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Barcelona
La Unión Europea y la ONU presionaron este lunes al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.
Policías y guardias civiles recurrieron a porras, patadas, empujones y pelotas de goma contra manifestantes decididos a votar y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas.
Rajoy afirmó que se limitaron a cumplir "con su obligación" pero, desde Barcelona, los independentistas denunciaron una "represión injustificada". Desde el gobierno regional, aseguran que 896 personas precisaron atención médica y dos de ellas tienen "pronóstico reservado".
La Unión Europea (UE) pidió también a Madrid y Barcelona "pasar rápidamente de la confrontación al diálogo", mientras el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a Rajoy a evitar un nuevo "uso de la fuerza". Y el miércoles, la Eurocámara debatirá sobre la cuestión.
Durante la jornada, Rajoy habló con Tusk y los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, anunció la Moncloa en un comunicado. En esas conversaciones, les transmitió que "impedir el referéndum ilegal contribuye a mantener la estabilidad y la democracia" en Europa.
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Desde Barcelona, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó una mediación, que según él debe ser internacional "para que sea eficaz". "Si hay una mediación, hablaremos de todo. Si no la hay, también hemos explicado lo que pasa", advirtió.
Y su plan en este sentido pasa por una declaración de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes ubicada en el noreste de España.
"No planteamos un proyecto de ruptura traumática con nadie (...) Nos queremos reentender con el Estado español", aseguró.
A pesar de los numerosos problemas logísticos de la votación, Puigdemont dio por "válido" el resultado ofrecido por su gobierno: una participación de 42,3%, con 90% de síes a una república independiente.
Una vez que se publique oficialmente en los próximos días, el parlamento regional, dominado por los independentistas desde el 2015, dispondrá en principio de 48 horas para declarar la independencia, aunque sin efectos inmediatos.
Esto agudizaría el conflicto con el gobierno español. "Habrá que hacer todo lo que la ley permite para impedir que sea así", advirtió el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
También podría tensar a la sociedad catalana, que este lunes despertó consternada por la actuación policial, con protestas por toda la región.
Para el martes, habrá una huelga general convocada por un amplia lista de entidades, entre ellas las secciones catalanas de los dos mayores sindicatos, UGT y CCOO. Universidades, instituciones culturales, el FC Barcelona o incluso la emblemática basílica de la Sagrada Familia cerrarán sus instalaciones.
En Barcelona, pertrechadas de banderas independentistas y a gritos de "¡las calles serán siempre nuestras!", miles de personas salieron al mediodía por la ciudad.
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"Todavía siento la indignación", decía Sergi Capell, propietario de una agencia de comunicación, de 50 años. Pero "hay que buscar soluciones. La declaración de la independencia no es una solución y la represión tampoco", advertía.
En medio de la irritación, un hotel de Calella, a unos 50 kilómetros al noreste de Barcelona, pidió este lunes a 200 agentes de la Guardia Civil enviados a Cataluña que se alojaban allí de abandonaran el establecimiento. Y en Barcelona, manifestantes protestaron frente a la sede de la policía nacional.
Los catalanes están divididos casi a partes iguales sobre la cuestión. Muchos contrarios a la independencia optaron por abstenerse el domingo y observan con inquietud los planes de sus dirigentes.
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La perspectiva también genera preocupación en el resto del país, que se juega la permanencia de su principal potencia exportadora y su primer destino turístico, responsable del 19% de su producto interno bruto (PIB).
Rajoy se reunió por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el centrista de Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria, para buscar un frente común pese a sus posiciones muy distantes.
La incertidumbre empezaba a impactar sobre la economía: la bolsa de Madrid perdió 1,21% y las acciones de los principales bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, cayeron más de un 4%.
La mayor patronal catalana, Fomento del Trabajo, emitió un comunicado rechazando la violencia policial y urgiendo a ambas partes "que pongan fin a este choque".
