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Barcelona
Dos tercios de los alcaldes catalanes han tomado partido por el referendo de autodeterminación prohibido por Madrid, mientras que el tercio restante rehúsa cooperar, pero todos coinciden en sentirse "bajo presión".
Bromeando sobre su eventual arresto o cantando solemnemente el himno catalán, los 700 alcaldes prorreferéndum -principalmente independentistas, tanto de izquierdas como de derechas- parecían estar tranquilos este sábado, en Barcelona.
Recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y por el presidente de la región, el independentista Carles Puigdemont, contaron con el apoyo de una multitud de manifestantes que les gritaban "estamos con ustedes".
El primer edil de La Maso, un pueblo de Tarragona de 300 habitantes que forma parte de la Asociación de Municipios Independentistas, Josep Solé, de 74 años, afirmó que "duerme perfectamente" pese a que la Fiscalía General del Estado haya amenazado con abrir diligencias o con arrestar a los alcaldes que cooperen con la organización del "referéndum ilegal".
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"No me manifiesto a favor de la independencia, sino a favor del voto", declaró. "Hace infinidad de años que los catalanes reclaman más poder, sobre todo en el tema fiscal".
"Pedir una opinión no es nada malo en democracia", argumentó Sara Janer, quien a sus 26 años es la alcaldesa más joven de Cataluña.
En Pontils, un pueblo de 120 habitantes, "me eligieron para escucharlos y si el Gobierno catalán da la oportunidad de expresarse, hay que poner las urnas", afirmó. "Los catalanes tienen muchas ganas de expresarse, eso sí que es muy evidente".
Mayoritarios en el Parlamento autonómico desde el 2015, los separatistas están determinados a celebrar el referendo.
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El Gobierno español, liderado por el conservador Mariano Rajoy, promete impedírselo.
En caso de que gane el sí en una región del tamaño de Bélgica, los independentistas prevén activar la transición hacia "una República catalana".
División entre catalanes. Sin embargo, los catalanes siguen estando muy divididos: el 49,4% estaría contra la secesión y el 41,06%, a favor, según un sondeo encargado por el Gobierno regional en julio.
Ada Colau expresó claramente "su solidaridad" con los alcaldes prorreferendo recibidos en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
Pero en su ciudad, de 1,6 millones de habitantes -donde los separatistas son minoritarios-, Colau no ha proclamado con ellos "íviva Cataluña libre!", "ívotaremos!".
"El futuro se construirá con los alcaldes que están aquí y los que no están", aseguró la primera edil de Barcelona, quien no se ha implicado directamente, pero que está dispuesta a dejar que la gente vote.
El portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que "o se está con la ley o se está contra la ley [...] No se dejan las llaves y 'yo no quiero saber nada'. Eso es una actitud de poco fuste".
El Partido Popular de Rajoy, que gobierna en minoría en España tras recabar el 33% de los votos en las elecciones generales del 2016 y solo el 13% en Cataluña, solo cuenta con dos alcaldes en esa región.
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Y la principal formación de la oposición a los separatistas en Cataluña, la liberal Ciudadanos, no dirige ninguna localidad.
Así, es en los 122 ayuntamientos gobernados por los socialistas donde se rechaza una consulta que ven como una amenaza para la unidad de España.
Denuncian presiones. "Sufro de presiones especialmente agresivas, fundamentalmente en las redes sociales. Son decenas de insultos de todo tipo que vienen de cuentas anónimas", aseguró el alcalde de Lérida (125.000 habitantes), Àngel Ros (Partido Socialista de Cataluña, PSC), quein mencionó "una situación tensa y preocupante".
Por su parte, el homólogo de Bagá (2.100 habitantes), Nicolás Viso Alamillos (PSC), lamentó los comentarios de la red. "La amenaza más desagradable y condenable estaba en el sitio de un medio de comunicación. Dijeron que iban a quitarme el coche, la casa y que iban a fusilarme".
Pero "en la calle, no tengo problemas", añadió.
Para la socialista Eva Martínez, quien dirige el Ayuntamiento de Vallirana (14.000 habitantes), es "intolerable" la "situación de presión e indefensión jurídica tanto para los electos locales como para los trabajadores municipales".
Una presión que viene, según ella, de "tanto del Govern de la Generalitat como del Gobierno del Estado".
