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La Asamblea Nacional venezolana aprobó este martes, en segundo debate, los "superpoderes" pedidos por el presidente Nicolás Maduro para llevar adelante su "guerra económica" contra la burguesía y asegurar el "orden económico de transición al socialismo".
"Se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se le delegan", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, luego de casi cuatro horas de debates y votación artículo por artículo.
A menos de tres semanas para las cruciales elecciones municipales, Maduro recibe poderes especiales para gobernar por decreto durante un año en temas relacionados con la economía y la lucha contra la corrupción, y entre sus primeras medidas anticipó que fijará márgenes máximos de ganancia en las cadenas productivas.
"El pueblo le volvió a ganar la partida a los vendepatria. Vamos a encontrarnos con el pueblo para llevarle la habilitante al camarada Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos", agregó Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo.
El dirigente oficialista había convocado a una marcha popular hasta el palacio de Miraflores, sede del gobierno, para entregar el texto de la ley habilitante a Maduro.
Cientos de manifestantes oficialistas, congregados frente al Congreso con banderas venezolanas y pancartas con el rostro del difunto presidente Hugo Chávez, siguieron el debate y festejaron a cada artículo validado.
Los poderes especiales son una medida contemplada por la Constitución venezolana y que, pese a su carácter excepcional, fueron otorgados a todos los jefes de Estado de los últimos 40 años, entre ellos Chávez, quien en cuatro ocasiones sancionó más de 200 leyes mediante este procedimiento.
Maduro, electo el 14 de abril por escaso margen tras la muerte de Chávez, enfrenta una inflación de 54% anual, el desabastecimiento de algunos productos básicos y una caída de las reservas, mientras en el ilegal mercado paralelo, el dólar cotiza nueve veces por arriba del cambio oficial.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó este martes en un documento que el gobierno "quiere mayores poderes para acentuar la persecución política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de financiamiento para la oposición".
Otra intención de la ley "ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos", agregó la MUD.
Tras señalar a una economía golpeada por la corrupción y que marcha hacia la estatización, la MUD dijo que, "como expresión de ese fracaso, sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un déficit (...) que según cálculos conservadores alcanza a 14% del PIB en 2013".
La "ley habilitante" fue aprobada por el piso marcado por la Constitución, de tres quintos de los escaños del Congreso unicameral (99 de 165 diputados), cifra que el oficialismo pudo alcanzar luego que destituyera por cargos de corrupción a una exmilitante pasada a la oposición.
Sin ataduras. Maduro, quien ha ordenado rebajas compulsivas de precios a muchos comercios y desplegado tropas para custodiar algunas tiendas, anticipó que con los poderes especiales "no me parará nadie".
Hay "dos leyes que voy a sacar inmediatamente", anticipó el presidente, quien prometió para el miércoles, "inmediatamente al amanecer", la promulgación de normas para fijar márgenes de ganancia a las cadenas productivas y de un nuevo marco para regular importaciones y promocionar exportaciones.
Documentos oficiales del gobierno entregados a la prensa afirman que la "Habilitante" dará el marco regulatorio que "blindará el nuevo orden económico interno de transición al socialismo".
Pero Maduro rechaza que eso apunte a una colectivización ya que "la Constitución garantiza las más amplias libertades de actividad económica, no de especulación". "Nuestro modelo socialista incluye la libertad económica en diversas actividades", dijo.
Esta ofensiva, denominada por Maduro como una "guerra económica contra la burguesía y el imperialismo", generó rechazo entre los empresarios, que advierten sobre el riesgo de mayor escasez de productos y menor inversión, en el país con las mayores reservas mundiales de crudo.
"Vamos a tener un primer trimestre en 2014 bastante malo en inventarios de productos, en escasez y en inflación", aseguró el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig.
La guerra económica y el otorgamiento de poderes especiales coinciden con una caída en la evaluación de la gestión de Maduro , que llega al 53% de opiniones negativas, frente a un 34% al comienzo de su gestión, según un sondeo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), realizado sobre 1.200 personas entre el 2 y el 11 de noviembre.
