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Brasilia. AFP. El escándalo de corrupción en la firma estatal Petrobras sacude Brasil de nuevo, con la renuncia de otro ministro y un acuerdo de colaboración firmado entre el dueño de una constructora y la Justicia.
El gobierno interino sufrió su segunda pérdida en una semana con la renuncia, el lunes, del ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, tras revelarse una grabación en la que critica la investigación en Petrobras .
Silvera es el segundo ministro del presidente interino Michel Temer que deja el gobierno instalado 18 días atrás luego de la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff para ser enjuiciada en el Senado por maquillar las cuentas públicas.
Grabaciones divulgadas la noche del domingo por la TV Globo , revelaron conversaciones de Silveira con el presidente del Senado, Renan Calheiros, y Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.
A ambos los investigan por el multimillonario escándalo de corrupción en Petrobras. En la grabación, Silveira dice que la Fiscalía estaba “perdida” en la investigación y orientaba a Machado sobre cómo encarar el proceso.
La grabación fue hecha por Machado en marzo, según la TV Globo, que la difundió. Silveira era entonces integrante del Consejo Nacional de Justicia.
Hace una semana, el ministro de Planificación, Romero Jucá, dimitió después de que se filtró una conversación suya con Machado, en la que sugería que la destitución de Rousseff permitiría detener las investigaciones de ese escándalo.
El mayor caso de corrupción en la historia de Brasil se ha convertido en un gigantesco factor de inestabilidad política y ha puesto tras las rejas a prominentes figuras del partido de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, y a altos empresarios.
Machado, uno de los tantos delatores de esta trama, suscribió un acuerdo de colaboración con las autoridades y con su testimonio podría comprometer a otros miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centrista).
Paralelamente, el presidente de Odebrecht, la mayor constructora brasileña, firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la investigación.
El acuerdo entre Marcelo Odebrecht y la Justicia se selló el jueves pasado, tras meses de negociaciones. Empresarios de Odebrecht ya están declarando ante los investigadores de la llamada Operación Lava Jato, que indaga desde hace dos años la trama que desvió más de $2.000 millones de la petrolera estatal.
Por este caso, Marcelo Odebrecht está detenido desde hace un año y en marzo fue condenado a casi 20 años de cárcel.
Odebrecht señal, en una nota, que “no se pronunciará sobre el tema”. La Fiscalía tampoco confirmó el acuerdo de “delación premiada” con Odebrecht, al que han recurrido muchos de los acusados a cambio de una reducción de sus sentencias.
Junto a otras grandes compañías constructoras, Odebrecht está acusada de formar un cartel para amañar contratos con la petrolera estatal a través del pago de sobornos a jerarcas de Petrobras y a políticos, en un caso que ha dejado contra las cuerdas a buena parte de la élite política y empresarial brasileña.
La trama costó más de $2.000 millones durante una década a la petrolera estatal y engrosó los bolsillos de políticos y sus partidos, principalmente el Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y dos de sus exaliados: el PMDB del presidente interino Michel Temer y el Partido Progresista (PP).
Según los medios locales también será llamado a declarar Emilio Odebrecht, padre de Marcelo y expresidente de la empresa.
El diario Folha de São Paulo dijo que en total colaborarán con la justicia unos 50 ejecutivos de la constructora y que los fiscales negociaron para tener acceso a toda la contabilidad paralela de la firma, que podría convertirse en una bomba atómica sobre el ya atribulado panorama político brasileño.
De acuerdo con este diario, la empresa se comprometió a detallar, asimismo, el financiamiento de todas las grandes campañas políticas de los últimos años con las que colaboró, como la de Rousseff, su entonces vicepresidente Temer y el opositor Aecio Neves en 2014.
Con este acuerdo de “delación premiada” la empresa también busca mantener su idoneidad para seguir buscando contratos con el Estado.
Este escándalo sin precedentes en Brasil contribuyó a profundizar la crisis política que derivó el 12 de mayo pasado en la suspensión de la presidenta Rousseff para ser sometida a un juicio político en el Congreso por maquillaje de las cuentas públicas. Temer asumió en su lugar.
