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Río de Janeiro. EFE. La rápida proliferación de casos de microcefalia en recién nacidos, malformación asociada al zika, ha reabierto el debate sobre la legalización del aborto en Brasil, el país más afectado por el virus.
La ONG feminista Instituto de Bioética Anís anunció que pretende presentar ante el Tribunal Supremo una petición para que se autorice, por vía judicial, el aborto en el caso de que la madre contraiga el zika.
La antropóloga Debora Diniz, de esa organización, criticó el miércoles, por medio de redes sociales, al Ministerio de Salud por haber recomendado a las mujeres que piensen en la posibilidad de aplazar los planes de embarazo por el zika , lo que, según ella, expone que las autoridades no quieren hablar del aborto, un “tabú escondido”.
“Hablar hoy del virus del Zika y de proteger los derechos de las mujeres es hablar de derechos sexuales y reproductivos de una manera amplia: acceso a medios anticonceptivos, diagnóstico por imagen, un seguimiento prenatal seguro y el derecho al aborto”, afirmó Diniz.
El Instituto de Bioética Anís es el mismo grupo que logró en el 2012 que la Corte Suprema autorizase el aborto en el caso de que el feto sufra de anencefalia (faltantes de partes en el cerebro, tallo y cerebelo).
La ley autoriza el aborto en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o el citado supuesto de anencefalia en el feto, pero solo puede practicarse por expresa autorización judicial.
El exministro de Salud José Gomes Temporão, quien actualmente es el director ejecutivo del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) , se sumó a la causa y afirmó el miércoles, en declaraciones a BBC Brasil, que se ha puesto a disposición del Instituto de Bioética Anís para llevar su propuesta al Supremo.
Temporão, quien fue ministro entre el 2007 y el 2010 durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, se empeñó en la defensa de la despenalización del aborto y en abordar la cuestión desde la perspectiva de un problema sanitario.
El Gobierno brasileño calcula que se produce cerca de un millón de abortos por año en el país, la mayoría en clínicas clandestinas sin las garantías sanitarias adecuadas y con precios prohibitivos para las mujeres pobres.
