San José (AP).
El gobierno de Chile incurrió en una "excesiva demora" en la investigación del caso de tortura cometida durante la dictadura de Augusto Pinochet contra el ahora exiliado Leopoldo García Lucero, falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José, Costa Rica.
En su sentencia, la Corte ordenó al estado chileno que pague al exiliado una compensación de $32.000.
García Lucero vive en el Reino Unido desde 1975, luego de haber sido exiliado por un decreto del Ministerio del Interior de Chile tras casi dos años de arresto y tortura cuando recién comenzaba la dictadura militar, que gobernó entre septiembre de 1973 y junio de 1975.
La sentencia –emitida por la CIDH el pasado 28 de agosto– fue notificada a las partes el 30 de octubre.
Según los documentos judiciales, García Lucero remitió una carta con su caso al Programa de Reconocimiento al Exonerado Político en Chile en diciembre de 1993, y se dio acuso de recibo a su solicitud casi un año después, pero esto no significó el inicio de las investigaciones sobre su tortura.
En 2004 un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile (Comisión Valech) entregó a la Presidencia de ese país un listado de prisioneros políticos y torturados en el que incluyó a García, pero tampoco entonces inició las indagaciones.
Fue hasta octubre de 2011 que tras la presentación de una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, las autoridades comenzaron la investigación por "prisión política" de García Lucero durante el régimen de Pinochet.
"Chile es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos de la misma, y con las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su perjuicio"; falló la CIDH por la demora de 16 años y 10 meses para iniciar la investigación.
Esta es la primera ocasión en que la CIDH emite una sentencia favorable a un sobreviviente de la dictadura de Pinochet, y pese a que la resolución afecta solo a García Lucero, se espera que sirva de precedente para los otros torturados y presos políticos del régimen militar.