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Brasilia
La presidenta brasileña Dilma Rousseff comenzó a recorrer un fin de semana crucial para su supervivencia política con la noticia de que el mayor aliado de su coalición podría romper con el gobierno, como antesala de una protesta opositora para exigir su salida del poder.
La mandataria encara un proceso de juicio político en el Congreso, donde además impulsa un ajuste para poner orden en las cuentas públicas, en medio de una dura recesión. La eventual pérdida del apoyo del partido de centro PMDB alberga potencial como para agravar la crisis que ya golpea al fragilizado gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores (PT).
El PMDB decidió debatir durante 30 días si abandona a Rousseff a su suerte o se mantiene dentro del gobierno durante una convención realizada el sábado con un clima opositor y regada de pedidos de ruptura, donde votaron prohibir a los afiliados aceptar cargos en el gobierno durante la deliberación para evitar interferencias del Palacio de Planalto en la interna.
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En el encuentro, los convencionales mantuvieron como jefe de la fuerza al vicepresidente de la República Michel Temer, que asumiría el poder hasta las elecciones del 2018, si Rousseff fuera destituida en un impeachment.
"El PT y el gobierno terminaron. Dilma perdió el control del país, nadie cree en lo que dice, no está más en condiciones de unir a nadie ni de encontrar un rumbo para la economía", dijo a la AFP el diputado Omar Terra, uno de los líderes que impulsan el quiebre.
Temer matizó el impulso rupturista al afirmar que "no es momento de dividir a los brasileños".
El PMDB es la mayor fuerza política de Brasil en cantidad de diputados, senadores y gobernadores. Sus hombres ocupan los tres primeros lugares de la sucesión presidencial: Temer, a cargo de la vicepresidencia; Eduardo Cunha, presidente de la cámara de Diputados y Renan Calheiros, jefe del Senado.
A la recesión económica se suma el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras: Rousseff está sumergida en una crisis política que tuvo en esta semana un giro dramático con la entrada en escena de su mentor y predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), en dos procesos judiciales.
Y la oposición aprovechará la onda expansiva provocada por la sospechas de corrupción y lavado de dinero en contra del carismático ícono de la izquierda brasileña para movilizar a sus seguidores el domingo en varias ciudades.
La mayor manifestación callejera se espera en Sao Paulo, capital económica de Brasil y bastión de la oposición, donde los organizadores quieren reunir a un millón de personas.
Una movilización masiva fragilizaría aún más a la presidenta, presionando a los diputados indecisos sobre su voto en el proceso contra Rousseff, que la oposición impulsó en diciembre pasado, donde la acusa de maquillar las cuentas públicas en el 2014, año de su reelección, y en el 2015 para reducir el impacto de la crisis económica que azota al gigante emergente.
El proceso espera aún que la Corte Suprema defina el formato que tendría el juicio político, tras congelar el procedimiento por un reclamo del oficialismo.
Rousseff descartó tajantemente este viernes que vaya a renunciar a su cargo, y en una especie de confesión de impotencia, dijo públicamente que "sería un orgullo" tener a Lula en su gobierno al borde del desastre.
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Las preocupaciones en el despacho presidencial incrementaron con las reuniones con la oposición celebradas esta semana entre altos dirigentes del PMDB, incluidos Temer y Calheiros, para explorar posibles escenarios para enfrentar la crisis.
"Lo que percibo es que el propio PMDB sabe que Brasil vive en ebullición y ellos tendrán mañana que saldar cuentas con la propia historia", dijo el líder opositor Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las últimas elecciones.
"Veo que sectores importantes del PMDB ya comprenden que a pesar de la solidaridad personal que puedan tener hacia la presidenta, con ella no hay solución", añadió el presidente del partido socialdemócrata PSDB.
Interrogado sobre las conversaciones con la oposición, Calheiros fue prudente y dijo que el PMDB, primera fuerza parlamentaria con 65 de los 518 diputados y 18 de los 81 senadores, es el "pilar de la gobernabilidad".
