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Brasilia
La Justicia brasileña condenó, este martes, al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el último capítulo del multimillonario fraude a Petrobras.
El empresario de 47 años está en prisión desde hace casi nueve meses y presidió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su apellido, además de ser uno de los más encumbrados hombres de negocios involucrados en el escándalo que desvió más de $2.000 millones de la petrolera.
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El juez Sergio Moro que tramita la causa aseguró en su fallo —al que accedió la AFP— que las pruebas llevan a la conclusión de que "hubo ventaja indebida, o sea, sobornos, pagados por el grupo empresarial (Odebrecht) a los agentes de Petrobras" porque "no fue identificada ninguna causa lícita para esas transferencias".
Según el magistrado, los pagos ilegales hechos por la compañía a funcionarios de Petrobras sumaron 108,8 millones de reales (unos $28,7 millones) más otros $35 millones.
Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero.
Junto con él, también recibieron condenas adicionales exdirectivos de la petrolera estatal ya detenidos por el "Petrolao".
La sentencia es el último desenlace de una megacausa que salpica a la élite empresarial y política de Brasil, que tiene derivaciones en varios países y cuyas consecuencias aún son inciertas.
Odebrecht es uno de los mayores conglomerados empresariales de ingeniería de América Latina, con presencia en 23 países y que antes de que eclosionara el escándalo facturaba cerca de $40.000 millones anuales.
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Contactada por la AFP, la firma no hizo comentarios acerca de la condena.
La trama revelada por la denominada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las licitaciones y cobrar sobreprecios por las obras.
Según la investigación, cuyo pilar son las llamadas "delaciones premiadas" que permiten a los acusados firmar acuerdos de colaboración con las autoridades a cambio de una reducción de sus sentencias, los sobreprecios eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y sus aliados.
La procuraduría de la República define el caso como un sistema de desvío de dinero que "beneficiaba a empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a los directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos, que los enriquecían y financiaban sus campañas".
Además de Odebrecht, la causa llevó a la detención de directivos de otras grandes constructoras como Camargo Correa o Andrade Gutierrez, el exjefe de gabinete del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) Jose Dirceu, el extesorero del PT Joao Vaccari, y hay decenas de legisladores con cargos vigentes en la mira de la justicia.
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La semana pasada, la policía llevó a declarar forzadamente a Lula en el marco del megafraude, en una operación que recalentó el clima político en Brasil.
Con Brasil hundido en una recesión y una popularidad de apenas 11%, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta dos procesos que podrían poner fin anticipadamente a su mandato, previsto hasta el 1 de enero de 2018, y que son impulsados por una oposición en guerra abierta contra su gobierno.
La procuraduría pidió a todos los acusados en las varias causas que agrupa la Operación Lava Jato un resarcimiento total de 14.500 millones de reales (unos $3.825 millones).
