Escuchar
Buenos Aires
La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.
El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que la exmandataria (2007-2015) está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, informó el jueves el Centro de Información Judicial. Todavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.
Bonadío también envió a juicio por la misma causa al exministro de Economía y actual diputado del Frente para la Victoria (peronista) Axel Kicillof y al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros exfuncionarios de esa institución.
El juez considera a la exgobernante partícipe de una maniobra mediante la cual el Banco Central ofreció a fines del 2015 dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos $4.929 millones al cambio actual).
En una resolución judicial, Bonadío destacó como factible la sospecha de un fiscal federal de que Fernández y su ministro de Economía "pergeñaron la maniobra y dieron las instrucciones para que fuera implementada" y que "los miembros del directorio del Banco Central activaron los resortes necesarios para comenzar su ejecución, acelerando la venta de contratos de futuros de dólar a valores inferiores que los de mercado".
El delito que se imputa a Fernández contempla penas de hasta seis años de prisión.
La exmandataria ha denunciado que varios funcionarios del actual gobierno del presidente Mauricio Macri participaron de esa operatoria y resultaron beneficiados por la fuerte devaluación del peso dispuesta por su sucesor pocos días después de asumir el mando, el 10 de diciembre del 2015.
A Fernández también la investiga Bonadío por supuesto lavado de dinero y por haber presuntamente recibido sobornos de empresarios. Además el juez federal Julián Ercolini la procesó junto a dos exfuncionarios por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
La exmandataria sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por el poder político.
