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Caracas y otras procedencias
El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el viernes un golpe bajo con una sorpresiva declaración de la fiscala general, Luisa Ortega, quien denunció "una ruptura constitucional" como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el miércoles eliminó las facultades legislativas de la Asamblea Nacional y se las atribuyó.
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptua del orden constitucional", puntualizó Ortega en un acto público.
Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos democráticos" de respeto a la Ley Fundamental y se rescate la pluralidad.
Las críticas de la funcionaria a la decisión del TSJ -al que la oposición acusado de servir como bufete del gobierno- abrieron una grieta en el chavismo. Ortega ha sido considerada como cercana al partido en el poder.
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Horas después, Maduro rechazó que se hubiese quebrantado el orden constitucional. "En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derehos humanos y del poder popular", aseveró en su primera manifestación tras aquel fallo y otro que retiró la inmunidad a los legisladores.
El mandatario socialista citó para este viernes en la noche al Consejo de Defensa de la Nación, a fin de resolver la controversia que generó lo dicho por la fiscala general.
Al enumerar a los integrantes del Consejo, Maduro mencionó al presidente de la Asamblea y aseguró que los resultados del encuentro se conocerían el mismo viernes. También se mostró abierto a retomar un diálogo con la oposición.
La tensión continuó el viernes en Caracas, por segundo día, con protestas de la oposición que dieron pie a enfrentamientos con las autoridades y con simpatizantes del gobierno. La Mesa de Unidad Democrática (MUD, bloque opositor) convocó para este sábado a una movilización en la capital y a una sesión especial para el martes próximo.
Los adversarios de Maduro consideraron la medida contra la Asamblea Nacional, que ellos controlan, como un "golpe de Estado" y han desconocido el pronunciamiento del TSJ. Asimismo, presionan que la Organización de Estados mericanos (OEA) actúe en relación con la crisis de Venezuela, lo cual el gobierno consideró como "intervencionismo".
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Presión al régimen. Para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, las manifestaciones de la fiscala general evidencian que "el gobierno está fracturado, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo".
Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes públicos actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gílber Caro, detenido desde el 11 de enero acusado de planear "acciones terroristas", será juzgado por un tribunal militar.
Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscala "significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista".
La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del TSJ será con movilizaciones callejeras y presión internacional.
"Hemos entrado en una etapa de resistencia", expresó el diputado del partido Causa R Américo De Grazia e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones de diciembre del 2015 cuando arrebató el dominio de la Asamblea, tras 17 años de hegemonismo chavista.
Por su parte, el encarcelado dirigente Leopoldo López dijo, por medio de una cuenta de Twitter que maneja su familia: "Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto".
Preocupación internacional. La crisis política en Venezuela también encuentra eco en los foros internacionales.
La OEA informó el viernes por la noche de que el lunes celebrará una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para considerar la situación que se vive en el país suramericano.
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El debate se llevará a cabo en la sede de la Organización en Washington y fue convocado a petición de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
Esos 20 países acuerparon el llamado del secretario general, Luis Almagro, de analizar el caso venezolano tras la decisión del TSJ que el excanciller uruguayo no dudó en calificar como "un autogolpe de Estado".
La crisis también será objeto de análisis este sábado por parte de los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), quienes se reunirán de urgencia en Buenos Aires.
"Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela" los integrantes del Mercosur "han resuelto convocar una urgente reunión de Cancilleres" el sábado "para analizar posibles vías de solución", indicó un comunicado.
"Los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana", agregó el comunicado.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela como Estado miembro del Mercosur el pasado 1.° de diciembre, acusado de incumplir sus compromisos comerciales y políticos con el bloque, lo que Caracas niega.
El enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre del 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
