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La fiscalía de Brasil acusó este jueves al líder de la Cámara de Diputados y al expresidente Fernando Collor de Mello en las primeras denuncias a políticos protegidos por fueros en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
"El procurador general de la República, Rodrigo Janot, envió una denuncia a la Corte Suprema por la que acusa al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de haber recibido sobornos por el valor de al menos $5 millones para viabilizar la construcción de dos navíos sonda de Petrobras en el período entre junio del 2006 y octubre del 2012", señaló la fiscalía en un comunicado.
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Janot acusó a Cunha, el principal enemigo político de la presidenta Dilma Rousseff, de corrupción pasiva y lavado de dinero. También denunció a la exdiputada Solange Almeida, a quien señala de haber participado en las presiones ejercidas sobre intermediarios de empresas para recibir el dinero en forma ilegal.
La denuncia contra Collor, actualmente senador y presidente de Brasil desde 1990 hasta 1992 —cuando renunció en medio de un proceso de impeachment en su contra por corrupción— está bajo secreto de sumario y no fueron informados los cargos.
La causa que investiga el llamado "Petrolao" indaga la formación de una red delictiva vinculada a delitos de cártel, fraude, corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
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Los políticos o funcionarios protegidos por fueros deben ser investigados por la Fiscalía de la República y juzgados por la Corte Suprema. Ahora, el máximo tribunal de Brasil deberá responder si acepta los procesos en los próximos días para definir si van a juicio.
El escándalo de Petrobras ha marcado la convulsionada agenda de Brasil este año. Cada nueva revelación produce una sacudida política por sus vinculaciones con la élite empresarial y política del país.
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Según las investigaciones, la red de corrupción generó un sofisticado esquema de sobornos por el cual durante al menos 10 años las principales constructoras del país pasaron dinero a directivos de Petrobras —designados por políticos— para poder manipular las licitaciones.
Los fondos obtenidos luego eran desviados a cuentas personales y a varios de los principales partidos políticos del país.
