Conflictos

Gobierno y FARC cierran filas para salvar acuerdos de paz rechazados en plebiscito

Guerrilla mantiene el alto el fuego y evoca posible rectificación del pacto

Bogotá

Un día después del rechazo, en un plebiscito, de los acuerdos de paz que alcanzaron en Cuba, el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC coincidieron el lunes en la necesidad de luchar por salvar lo negociado y sacar adelante un proceso que demandó casi cuatro años de negociaciones.

El mandatario anunció enfáticamente que no se rendirá en su cruzada por la paz y abrió un diálogo nacional que permita "abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar la guerra con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucuionarias de Colombia)".

Estas, a su vez, dijeron en una declaración en La Habana que mantienen el cese del fuego bilateral y definitivo. El líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), inclusive esbozó la posibilidad de "rectificar" los acuerdos, según manifestó a la emisora colombiana La W Radio.

"Estamos analizando con calma los resultados (del plebiscito) para continuar porque esto no significa que se ha perdido la batalla por la paz", añadió. Indicó que las FARC "proyectarán iniciativas" para sacar "adelante este proceso".

En la consulta popular del domingo, 50,21% votó no a lo pactado en Cuba frente a 49,78% que se inclinó por el sí. La abstención alcanzó el 62%.

El gobierno y las FARC lograron a finales de agosto una serie de acuerdos que, entre otros aspectos, comprenden el desarme y desmovilización de la guerrilla, que se convertiría en un partido político; el desarrollo rural integral para atacar una de las principales causas del conflicto surgido en 1964, el cese del fuego definitivo y bilateral, la solución al problema del narcotráfico, que ha actuado como combustible durante el enfrentamiento.

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Asimismo, incluye medidas de reparación a las víctimas de la violencia y el establecimiento de una jurisdicción especial de justicia para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto del enfrentamiento. Por último, un mecanismo de implementación, verificación y seguimiento de lo acordado.

Diálogo por la paz. Santos, quien apostó todo por conseguir esos acuerdos, designó el lunes a la canciller María Ángela Holguín, al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al jefe negociador con la guerrilla, Humberto de la Calle como delegados en el diálogo de paz.

En la mañana, el mandatario convocó a la sede del Gobierno a todas las fuerzas políticas para "buscar puntos de encuentro". "Con la voluntad de todas las partes, estoy seguro de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos", manifestó.

Sin embargo, al encuentro no asistió el partido Centro Democrático (derecha), del expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a lo convenido con las FARC.

El Centro siempre ha sostenido que es necesario renegociar lo convenido en La Habana. Entre sus demandas, los uribistas plantean:

* Que los líderes de las FARC comprometidos con delitos atroces no puedan postularse a cargos de elección popular, no importa el nivel de estos. "Nada justifica permitir la elección de Timochenko al Senado o la Presidencia, o de Joaquín Gómez a la gobernación de La Guajira", proclamó Uribe en agosto.

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* Que los dirigentes de las FARC que sean responsables de crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel, en vez de ser sancionados con penas alternativas, pues ello implicaría favorecerlos con la impunidad

* Además, el movimiento promotor del no planteó que las FARC debían hacer su aporte en dinero para indemnizar a las víctimas de la guerra.

Para el analista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la pregunta que "resume todo" es: "cuál debe ser el tratamientro para responder por el daño que hicieron (los guerrilleros) a la nación?".

A su juicio, "hay una preferencia marcada de los colombianos por un acuerdo que castigue en justicia a las FARC".

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