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Caracas
El gobierno de Venezuela demandó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por "usurpación de funciones" a la directiva del Parlamento —controlado por la oposición—, por haber pedido a la OEA debatir la severa crisis del país.
"Presentamos un recurso de amparo constitucional contra la pretensión del Poder Legislativo de inmiscuirse en las funciones que tiene el Poder Ejecutivo", informó Elvis Amoroso, consultor jurídico del presidente Nicolás Maduro, en una entrevista con el canal de televisión estatal VTV.
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"Las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al presidente de la República, no a la Asamblea Nacional y a su junta directiva", señaló Amoroso, al introducir el recurso ante la Sala Constitucional del TSJ.
El portavoz citó que la Constitución venezolana señala que es la presidencia la que debe "dirigir las relaciones exteriores de la República".
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, gestiona un derecho de palabra ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó el miércoles una resolución en respaldo al diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela.
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Amoroso calificó como "inaceptable" que "la OEA, la ONU o la Unión Europea reciban a estos señores" y adelantó que la decisión que tome el TSJ será presentada ante organismos internacionales.
La oposición pide a la OEA activar la Carta Democrática, un mecanismo que se aplica en caso de alteración del orden constitucional, invocada el martes por el secretario general del organismo, Luis Almagro.
En reaccion, Maduro había adelantado, en un acto público frente a miles de seguidores, que la directiva del Legislativo sería demandada por "usurpación de funciones" y "traición a la patria".
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Para Maduro, la oposición busca con sus gestiones ante la OEA una intervención estadounidense en Venezuela, por lo que convocó masivas movilizaciones de seguidores en los próximos días.
La oposición también convocó el jueves a exigir en las calles un referendo revocatorio contra Maduro, luego de que las autoridades electorales cancelaron una reunión clave para el avance del proceso, en momentos en que crece el malestar popular por la crisis económica.
