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Después de 40 días de incertidumbre, Colombia cuenta desde este sábado con un nuevo pacto de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, tras el plebiscito que impidió implementar un acuerdo previo para terminar con medio siglo de lucha armada.
El Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista alcanzaron en La Habana un "nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad", según en un comunicado conjunto leído por diplomáticos de Cuba y Noruega, países garantes.
El convenio incorpora modificaciones al texto firmado el 26 de setiembre por Santos, galardonado con el Premio Nobel de Paz, y Timoleón Jiménez, líder de las FARC, a la luz de las propuestas de los sectores que encabezaron el voto en contra en el plebiscito del 2 de octubre.
Las reformas al acuerdo rechazado en las urnas se darán conocer en detalle pronto, pero solo hasta la próxima semana estará disponible la "versión integrada", según el Gobierno.
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Sin embargo, Santos afirmó este sábado en una alocución televisada que el nuevo pacto "es un mejor acuerdo".
"Logramos precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados", destacó el presidente, aunque admitió que en el tema de la participación en política de los excombatientes no hubo cambios.
Asimismo, incluye "innovaciones" en varios de los seis puntos del pacto original, según adelantó el negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.
Mientras, el jefe rebelde Iván Márquez, dijo que el "nuevo acuerdo alcanzado preserva la estructura y espíritu del primer acuerdo convenido, incorpora un sinnúmero de ajustes y precisiones, despeja dudas donde se consideró necesario".
En suspenso
Las partes no revelaron de inmediato si el nuevo texto será nuevamente refrendado en las urnas o si habrá un nuevo mecanismo de validación previo a su puesta en marcha.
"Al nuevo acuerdo el único camino que le espera es su implementación teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases para comenzar una tarea aún más difícil y compleja: la construcción de una paz estable y duradera", declaró Márquez.
De complejo contenido jurídico, el texto original contenía fórmulas para mejorar la situación en el campo, combatir el narcotráfico, reconocer y reparar a las víctimas, así como garantías para la participación política de los futuros excombatientes.
Cambios
Una de las principales objeciones al acuerdo fue que los rebeldes acusados de delitos atroces pudieran evitar la cárcel y pagar penas alternativas de reclusión si contribuían a la verdad y reparación de las víctimas.
De la Calle dio a entender que se mantenía la opción de que los acusados de delitos graves eludan la prisión, pero que en el nuevo acuerdo se "precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad".
"Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones", dijo, sin dar detalles.
Además, el nuevo pacto establece el "término concreto" del sistema de jurisdicción especial que juzgará los delitos del conflicto que deja unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
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Las cortes especiales no tendrán "magistrados extranjeros", como se había acordado en principio. También se eliminó el punto que incorporaba el acuerdo a la Constitución como garantía de cumplimiento de lo pactado.
Al mismo tiempo, dijo De la Calle, las FARC asumieron un nuevo compromiso para presentar un "inventario de bienes y activos" para reparar a las víctimas durante el proceso de desarme que se extenderá por seis meses, contados a partir del inicio de la implementación.
Antes del anuncio en La Habana, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien lidera los sectores que se opusieron a la implementación del pacto anterior, se reunió con el presidente Santos, a quién pidió conocer los textos del nuevo acuerdo.
En una primera reacción internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, saludó el nuevo acuerdo.
