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Río de Janeiro. EFE. “Lula me dejó un legado, cuidar del pueblo brasileño. Voy a ser la madre del pueblo brasileño”. Así se refería Dilma Rouseff a la herencia de su padrino político y antecesor en la Presidencia de Brasil cuando asumió el poder. Hoy, debilitada y aislada, está a punto de ser separada del cargo.
La primera mujer que llegó a la primera magistratura logró un 56% de votos en el 2010 de la mano de su mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien confió en esta economista, que fue su ministra de la Presidencia, para mantener el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) que él mismo había iniciado en el 2002.
Rousseff recibió un país con un crecimiento del 7,5 %, un desempleo del 5,7% y programas sociales que ayudaron a revalidar el triunfo del PT y fueron reconocidos internacionalmente, como el “Bolsa Familia”, que beneficia a unas 13,8 millones de familias.
La luna de miel del gobierno con la sociedad duró poco. Los números dejaron de cuadrarles a los brasileños y subió el malestar social mientras las patronales y los mercados empezaron a marcar distancia con el gobierno.
En el 2013 el descontento se plasmó en movilizaciones multitudinarias en las calles y en revueltas contra la subida de las tarifas de transportes.
Una política intervencionista que no agradó a los sectores patronales y el impacto de la crisis internacional y de la caída de los precios del petróleo y las materias primas complicaron la cuentas de la presidenta.
El país había cambiado mucho al final de su primer mandato y Rousseff logró una reelección ajustada, en segunda vuelta , con 54 millones de votos –el 51,6% del electorado, en octubre del 2014.
No obstante sus promesas electorales, Dilma Rousseff no consiguió dar un golpe de timón para retomar el rumbo de la economía brasileña.
En el 2014, la caída de los indicadores macroeconómicos derivó en déficit presupuestario por primera vez en una década.
Un año después, Brasil registró una inflación récord (10,6%), la economía tuvo su peor desempeño en un cuarto de siglo, con una caída del 3,8% y el desempleo trepó hasta rozar el 11%, el mayor de la historia del país.
El “gran error” de la presidenta, explicó el economista André Nassif, fue “prolongar más allá de lo necesario las medidas para estimular la economía, lo que fue contraproducente porque indujeron el consumo, pero fueron incapaces de atraer una tasa más significativa de inversiones privadas”.
El especialista reconoció que “la reducción de la desigualdad social nunca fue tan fuerte como durante los gobiernos del PT, con aumentos salariales y mejoras en las rentas familiares”
Pero “las políticas económicas equivocadas tienen una buena parcela de responsabilidad en la desaceleración que ha llevado a un ciclo recesivo porque acabaron creando desconfianza e incertidumbre”, resumió Nassif, profesor de Economía Internacional de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y de la Fundación Getulio Vargas (FGV) .
La corrupción se sumó a esta “tormenta perfecta”: el Lava Jato (lavado de autos), la mayor investigación de la historia reciente del país, destapó una compleja trama delictiva en la petrolera estatal Petrobras, mayor empresa del país.
“Vamos a investigar con rigor todo lo malo que ocurrió (en Petrobras) y fortalecerla cada vez más. Vamos a crear mecanismos que eviten que hechos como estos vuelvan a ocurrir”, prometió Rousseff ante el Congreso tras asumir su segundo mandato.
Sin embargo, aunque salpica a todas las fuerzas políticas, el Lava Jato terminó por cercar al Gobierno y empañar la imagen del político mejor valorado por los brasileños, el expresidente Lula, en la mira de la Justicia por presuntas prácticas corruptas.
Las desviaciones, en conjunto, superan los $2.000 millones en una década, aunque la compleja trama armada alrededor de Petrobras , la “joya de la corona” brasileña, dificulta los cálculos de los investigadores.
El progresivo aislamiento de Rousseff y la debilidad del gobierno y del PT facilitaron el camino para quienes apostaban por un cambio sin esperar a las próximas elecciones, en el 2018.
El mecanismo elegido fue el juicio político destituyente, y el argumento, el maquillaje de las cuentas públicas del Ejecutivo en el 2014 y el 2015, una práctica habitual en gobiernos anteriores y que no constituye un delito ante la Justicia, pero que llevó a a Rousseff al borde del abismo.
