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Buenos Aires AP, AFP La justicia argentina impulsó ayer la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de iraníes acusados de atentar contra una asociación israelí en Buenos Aires, en 1994.
En un “requerimiento de instrucción”, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que en la denuncia que hizo su colega el 14 de enero existen suficientes elementos para investigar a la mandataria y determinar si buscó ocultar la presunta responsabilidad de ocho iraníes en el ataque al centro judío, el peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino.
La presidenta no opinó hasta ahora sobre la medida del fiscal y se trasladó a su casa de descanso en El Calafate, en la Patagonia.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que la imputación contra la mandataria “es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática, no tiene ningún valor jurídico. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver”, sostuvo.
¿Qué sigue? Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá analizar la solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal.
“A propósito de lo enunciado hasta aquí, corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal”, dice Pollicita en su solicitud difundida por el Poder Judicial.
En el documento, Pollicita recordó que están imputados en la denuncia la presidenta, el canciller Héctor Timerman, y seis personas más.
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con saldo de 29 muertos. Ninguno de los ataques ha sido esclarecido.
Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la presidenta.
Consecuencias. El analista de opinión pública Matías Carugati indicó que aunque es grave en términos políticos e institucionales esta imputación no fue un hecho sorpresivo.
El politólogo Rosendo Fraga considera que “en términos inmediatos la imputación de la Presidenta no genera efectos concretos” y destacó la importancia de que se retome la denuncia de Nisman, que había pasado a un segundo plano por la investigación de su muerte.
Según Nisman, la presidenta fue la cabeza de un plan delictivo para garantizar la impunidad a los imputados iraníes. El supuesto plan se puso en práctica en enero de 2011 en una reunión secreta entre el canciller Timerman y su entonces colega iraní Ali Akbar Salehi y se materializó en 2013 con un acuerdo de cooperación.
La maniobra buscaba forzar la caída de las alertas rojas que había emitido Interpol en contra de cinco iraníes, según Nisman, quien basó parte de su denuncia en escuchas telefónicas a allegados del gobierno.
El gobierno argentino, de acuerdo con el fiscal fallecido, quería restablecer las relaciones con Irán e intercambiar granos por petróleo en un contexto de crisis energética.
Al evaluar el paso dado por Pollicita, el abogado penalista Juan José Ávila explicó : “La validez y ponderación de las pruebas se valorarán en el curso de la investigación que Nisman intentó promover y que el dictamen de Pollicita acompaña o avala”, señaló.
Según Ávila, quien fue abogado del centro comunitario judío, la denuncia de Nisman “es seria, consistente y debe ser investigada”.
“Decir que no está probada o no hay suficientes pruebas es una manera muy elemental de querer presentar la cosa como inconsistente, pero ninguna denuncia, en el momento de hacerla, está probada”, dijo Ávila al opinar sobre las aseveraciones de algunos de sus colegas que sostienen que la acusación carece de pruebas o indicios suficientes que ameriten investigar a Fernández.
Al respecto, el fiscal Pollicita indicó en su dictamen que “corresponde dar inicio a una investigación que permita, mediante las diligencias probatorias que se habrán de proponer más adelante, alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos expresados en los párrafos precedentes”.
Ante los fuertes rumores que decían que era inminente el requerimiento del fiscal, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó ante periodistas que “es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática, no tiene ningún valor jurídico”. “Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, sostuvo.
