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Caracas. AFP. El Tribunal Supremo de Justicia anuló parcialmente las facultades de control del Parlamento sobre otros poderes públicos, entre estos el judicial y el electoral, con lo que redujo el margen de la oposición para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro .
El Tribunal –acusado por la oposición de estar a las órdenes de Maduro– falló que el control de la Asamblea Nacional se limita al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El control político “se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los poderes públicos tampoco sobre el poder público estatal ni sobre el poder público municipal”, indica la sentencia de la Sala Constitucional.
Con ello se frenó la remoción de 34 magistrados del TSJ por parte de la oposición legislativa, que alega irregularidades en su nombramiento por parte del anterior Parlamento –de mayoría chavista– antes de acabar su periodo en diciembre.
La Corte declaró inconstitucional la revisión que efectuó una comisión parlamentaria sobre la designación de esos jueces, a quienes sugirió revocar. El mismo comité planteaba reformar la ley que rige al Tribunal.
El blindaje del TSJ resulta crucial, pues sus jueces deberían fallar sobre la legalidad de una eventual enmienda constitucional para reducir el mandato de Maduro (elegido hasta el 2019), una de las vías que baraja la oposición para anticipar la salida del gobernante socialista, enfrentado a una grave crisis económica por la caída de los precios del petróleo.
Mecanismo. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –que controla la Asamblea con una amplia mayoría calificada desde hace casi dos meses– anunciará este jueves el camino legal que seguirá para relevar al presidente .
Entre otras opciones, se ha planteado convocar un referendo revocatorio o una Asamblea Constituyente.
El presidente legislativo, Henry Ramos Allup , evitó adelantar un criterio sobre la sentencia.
Por otro lado, la oposición aprobó este martes en primera discusión, una ley de producción nacional para restituir o dar en concesión empresas y tierras expropiadas, y que fue rechazada por el chavismo como un intento de privatizarlas.
La ley plantea que unas 6.000 empresas confiscadas por el gobierno socialista sean devueltas a sus antiguos propietarios, después de que la Asamblea Nacional haga una auditoría de esas compañías, de las que al menos 300 son productoras de alimentos, escasos en el país.
En días recientes, Maduro lanzó un plan de agricultura para mitigar la crisis de escasez.
El asambleísta y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, pronosticó este lunes que los intentos de la oposición para acortar el periodo de Maduro estaban condenados al fracaso. “No tenemos ninguna duda que de cara a lo que viene ninguna de estas iniciativas tendrá éxito”, aseguró.
