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Reporteros amenazados cuando cubrían la actualidad de violentas regiones de México se han refugiado en los últimos años en la supuestamente segura capital del país, pero tras el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa resurge el miedo y sienten que se desploma su último refugio.
"¿Y ahora qué hacemos?", se preguntaban los periodistas que protestaron el fin de semana en las calles por el crimen de Espinosa, asesinado el viernes junto a cuatro mujeres -una de ellas activista- en un apartamento de un barrio de clase media de Ciudad de México.
El ambiente en el gremio es de "miedo, incertidumbre e indefensión", cuenta Balbina Flores, relatora de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (Ombudsman).
Espinosa, de 31 años, trabajaba hasta hace dos meses para reconocidos medios nacionales desde Veracruz. Este estado es el epicentro de la violencia contra los periodistas en México, que a su vez es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.
El viernes, Espinosa fue asesinado de un balazo en la cabeza, tras ser aparentemente torturado, junto con las cuatro mujeres que se encontraban con él y quienes habrían sufrido violencia sexual, entre ellas la activista Nadia Vera.
Las autoridades siguen tratando de dar con el móvil y los autores de este crimen que impactó a México, mientras organizaciones internacionales como la ONU exigen que se aclare si fue una represalia contra el fotoperiodista.
Espinosa había buscado refugio en Ciudad de México después de sufrir varias agresiones en Veracruz, como una golpiza propinada por policías estatales en el 2013 y recientes intimidaciones.
Llamadas telefónicas intimidantes, "levantones" (secuestros) a punta de pistola frente a sus casas e incluso ataques armados contra sus medios son algunas de las razones por las que, como Espinosa, al menos una docena de periodistas regionales se esconden actualmente en la megalópolis, que hasta ahora consideraban una zona segura o, como mínimo, un lugar donde camuflarse entre sus nueve millones de habitantes.
"Se enciende la luz roja. Era la ciudad blindada y ya se rompió", comentó un periodista de Veracruz en el funeral de su colega.
El asesinato de Espinosa reavivó el terror entre sus colegas refugiados en Ciudad de México y algunos de ellos, como un caricaturista también de Veracruz, contemplan sumarse a la quincena de periodistas mexicanos exiliados en el extranjero.
Este dibujante -cuyo nombre se omite por seguridad- ya tuvo que huir de México en el 2012, cuando una sola palabra bastó para helarle la sangre: "Calladito", decía la amenaza que halló en su auto.
El artista tiene aún frescas las cicatrices de la persecución y la vida de exilio.
"No es vida, es vivir en constante angustia, pesadillas, llanto. Es no decir dónde estás, no llegar adonde dices que vas, cambiar tu número telefónico, desconfiar de todo el mundo, hasta de los amigos. Es no querer andar con tus familiares para no arriesgarlos", relató.
"Después de lo que pasó con Rubén, el miedo regresa. Los exiliados de veras no nos sentimos ya seguros en medio de la multitud", asegura.
Las solicitudes de periodistas mexicanos para refugiarse en el extranjero han crecido sensiblemente en los últimos años, comentó Philippe Ollé-Laprune, director de la Casa Refugio Citlaltépetl de Ciudad de México, que recibe a reporteros y artistas perseguidos en otras partes del mundo.
Al menos 88 periodistas y trabajadores de prensa mexicanos han sido asesinados desde el 2000, según Reporteros Sin Fronteras (RSF). Tan solo en Veracruz, son 11 los comunicadores muertos y cuatro desaparecidos desde que asumió el gobernador Javier Duarte, del oficialista PRI.
En esta región, los periodistas "a menudo son vigilados, amenazados, hostigados, agredidos, incluso asesinados cuando publican información sobre la inseguridad, los cárteles o la corrupción", ha denunciado RSF.
Para Amnistía Internacional, "resulta alarmante" que asesinatos como el de Espinosa y Vera puedan seguir ocurriendo a pesar de la existencia en México de un mecanismo de protección para defensores de Derechos Humanos y periodistas, así como de una fiscalía especializada.
La relatora Flores, quien durante 15 años fue corresponsal en México de RSF y recibió esas medidas de protección por haber sido amenazada el año pasado, reconoce que los mecanismos oficiales "tienen muchas deficiencias", especialmente en la "prontitud" de la aplicación de las medidas.
Esos mecanismos "no funcionan", zanja el caricaturista de Veracruz, al explicar que se trata de "una tramitología laberíntica sin ninguna capacidad emotiva" y que no resuelve lo urgente: un techo, comida y trabajo para los reporteros desplazados.
El propio Espinosa no se inscribió a este mecanismo por desconfiar de las autoridades.
