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La victoria de Michelle Bachelet en las presidenciales marcó el fin del ciclo de la derecha chilena tras cuatro años de gobierno de Sebastián Piñera, quien, pese a los avances económicos y sociales, no logró que las ideas conservadoras arraigasen en un país con una profunda desigualdad.
Fragmentada por disputas internas, la derecha chilena protagonizó en este año electoral un verdadero vía crucis que la llevó a barajar sucesivamente hasta cuatro postulantes para enfrentarse a Bachelet, quien en marzo pasado decidió renunciar a la dirección de ONU Mujeres para presentarse a la reelección.
La socialista Bachelet, que ocupó la Presidencia entre 2006 y 2010, ganó en segunda vuelta por amplía mayoría frente a Evelyn Matthei con promesas de un nuevo ciclo político y social" para Chile, sobre la base de una nueva Constitución, una reforma educacional y otra tributaria.
El gobierno de Piñera, que en 2010 se convirtió en el primer presidente de derechas elegido democráticamente en medio siglo, fue incapaz de capitalizar en favor del sector conservador el destacado balance económico.
Durante los tres primeros años de su mandato, la economía se expandió a una media del 5,8 % y este año, a pesar de la desaceleración que empieza a afectar a los países emergentes, cerrará con un crecimiento del 4,2 %.
Además, la inversión aumentó un 20 %, se crearon 860.000 empleos y el ingreso per capita pasó de 14.992 a 19.104 dólares.
A lo largo del año, el presidente vio como el apoyo a su gestión fue en aumento, hasta alcanzar el 43 % en noviembre pasado, su mejor marca desde diciembre de 2010, poco después del rescate de los 33 mineros de Atacama.
En lo político, en 2013 Chile avanzó con la aprobación de la ley que posibilitará el voto de los chilenos residentes en el exterior; la eliminación del sistema binominal, que históricamente ha otorgado una sobrerrepresentación a la derecha, y la celebración obligatoria de elecciones primarias en los dos grandes bloques políticos.
Pero a pesar de esos logros, 2013 siguió siendo un año de movilizaciones estudiantiles y protestas sociales, especialmente de los empleados públicos en demanda de mejoras salariales.
La voz de una emergente clase media siguió alzándose para reclamar derechos que antes no se consideraban indispensables porque estaban solapados por asuntos más urgentes, como la superación la pobreza.
En septiembre se cumplieron 40 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y agrupaciones de víctimas de la dictadura (1973-1990) volvieron a exigir un compromiso firme en el esclarecimiento los hechos ocurridos durante aquellos años y el castigo a los responsables.
Piñera se lamentó de que ni la Justicia ni la prensa hicieran todo lo que debían para frenar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y reprochó a algunos dirigentes de la derecha que siguieran justificando el golpe.
El mandatario decidió trasladar a un grupo de oficiales condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura desde el lujoso penal Cordillera a la cárcel de Punta Peuco.
El cierre de este penal, donde los exrepresores gozaban de privilegios, fue decidido a pesar del suicido un día antes del exjefe de la Central Nacional de Inteligencia Odlanier Mena, uno de los reos afectados por el traslado.
Este año se cerró también otro capítulo relacionado con el golpe militar. A raíz de una denuncia presentada por el Partido Comunista, la Justicia chilena determinó que el poeta Pablo Neruda murió de cáncer y no por envenenamiento.
En política exterior, Chile siguió avanzando en la integración física con Argentina, mediante la realización de obras de interconexión, y aguardó “con tranquilidad y sin triunfalismo” el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda peruana para que se trace un nuevo límite marítimo entre ambos países.
La resolución del máximo tribunal de Naciones Unidas, que se conocerá el próximo 27 de enero, pondrá fin a una larga espera desde que en enero de 2008, Lima decidiera trasladar esta controversia al plano judicial.
A pesar de ello, las relaciones políticas y económicas con Perú se han seguido fortaleciendo de la mano Alianza del Pacífico, un bloque de integración subrregional que agrupa a las economías latinoamericanas de más rápido crecimiento y que representa un mercado de 210 millones de personas, mayor que Brasil.
Muy distinta es la relación con Bolivia, país que en abril pasado interpuso una demanda contra Chile ante la Corte de La Haya para reclamar la salida soberana al Pacífico que perdió en la guerra a finales del siglo XIX.
Pero a pesar de estas reclamaciones de dos de sus vecinos, Chile logró el respaldo en bloque de América Latina y en octubre pasado se convirtió en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
