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Caracas
La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) llamó a sus seguidores a protestas de calle en todo el país, desde el viernes hasta el domingo, contra la elección de una Asamblea Constituyente, pese a que el gobierno amenazó con cárcel a quienes boicoteen el proceso.
"Hacemos el llamado al pueblo de Venezuela a que nos preparemos para una jornada intensa de calle y protesta viernes, sábado y domingo, para que todo el país le explique al mundo que la Constituyente no tiene ninguna legitimidad", dijo en rueda de prensa el dirigente Freddy Guevara, a nombre de la MUD.
En su ofensiva para detener la Constituyente, los opositores cumplían este jueves la segunda jornada de una "huelga general" de 48 horas que elevó a 110 la cifra de fallecidos en cuatro meses de protestas contra Maduro.
Durante el paro, que según la MUD fue acatado en un 90%, han muerto cinco personas, de las cuales dos este jueves.
"Invitamos a que tomemos todas las vías principales, las avenidas, las calles, y nos mantengamos ahí hasta detener este fraude", instó el diputado Jorge Millán en la misma conferencia.
La MUD ya había anunciado un "boicot" a la elección de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas.
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Buscando calmar las aguas, Maduro planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, en un discurso en el que sin embargo ratificó que su proyecto no tiene marcha atrás.
"Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional (...) y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo", dijo ante una multitud de seguidores, en el cierre de campaña.
Sin embargo, Guevara aseguró que hasta ahora la MUD no ha recibido una propuesta seria de diálogo.
La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido –pese a su riqueza petrolera– en una profunda crisis económica, con grave escasez de alimentos y medicinas y una desbordada inflación.
"Nos va a traer más hambre y miseria", dijo a AFP Carmen Álvarez, comerciante de 60 años, en una barricada en el este de Caracas.
Amplias zonas de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores hubo choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.
Ante la creciente tensión, Estados Unidos dispuso este jueves que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela.
Prohibido manifestar
El ministro de Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó con penas de hasta diez años de cárcel a los responsables.
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump.
Estados Unidos justificó su medida acusando a esas figuras de "minar la democracia" y por su "responsabilidad" en actos de violencia o corrupción.
"Su majestad el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente (...) y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela", expresó Maduro.
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El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, señaló que la seguridad del proceso será garantizada por la Fuerza Armada, sostén del gobierno que le dio enorme poder político y económico.
Maduro acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Gobiernos de Latinoamérica y Europa también expresaron preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia.
Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la Constituyente. El gobierno busca evitar una alta abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.
"Es la carta definitiva, de todo o nada, de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia", aseguró a AFP la analista Colette Capriles.
Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz y estabilidad económica, pero la oposición sostiene que con ella solo busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar el comunismo.
La oposición decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida.
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Con ese poder, podrá incluso eliminar el Parlamento de mayoría opositora y a una Fiscalía rebelde, han amenazado dirigentes del Gobierno.
Será un "cheque en blanco", advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro.
