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Caracas AFP La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) reunió el viernes, en un hotel de Caracas, a sus 112 diputados electos para coordinar la agenda que desarrollarán a partir del martes 5 de enero, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional de 167 escaños.
Con la supermayoría calificada frente a los 55 escaños del oficialismo socialista, la MUD planea aprobar, entre sus primeras acciones, una ley de amnistía para unos 80 “presos políticos”, entre ellos, el líder radical opositor Leopoldo López.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ya adelantó que la vetará. En sesión el jueves, la actual Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo chavista, nombró como directora de la Defensoría Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a López a casi 14 años de prisión, acusado de promover la violencia en las protestas antigubernamentales del 2014.
“La Asamblea está blindada por la Constitución, va a defender al pueblo con una agenda social, económica y política. Podemos aprobar en nuestra primera sesión la ley de amnistía y trabajar en función del nuevo modelo económico. El señor Maduro que siga peleando solo”, declaró a la prensa el diputado opositor reelecto Tomás Guanipa, en el hotel donde estaba reunida la MUD.
Antes de entregar el control del Parlamento, los diputados oficialistas tienen previsto nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), foco de conflicto porque, según la oposición, los candidatos son afines al chavismo.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó que la “moribunda Asamblea” nada podrá hacer contra “la voluntad de cambio expresada en las urnas”.
Cambios. Atribuyendo la crisis económica a un errado modelo económico centralista al que se aferra el Gobierno, la MUD adelantó que pretende dictar o reformar leyes para enfrentar la seria escasez de alimentos que provoca largas filas en supermercados.
Ofrece, además, incentivar la productividad del país, altamente dependiente de las importaciones y cuyo 96% de divisas las genera el petróleo, revertir expropiaciones, adecuar los salarios al elevado costo de vida y eliminar los monopolios en la prestación de servicios públicos, entre otras medidas, según un documento preliminar.
No obstante, ante cientos de militantes de su partido reunidos en un congreso extraordinario, Maduro prometió, la noche del jueves, una “contraofensiva revolucionaria”, al asegurar que la oposición pretende desmontar el modelo socialista y las conquistas para los sectores más pobres.
“O triunfa la contrarrevolución y se impone un modelo neoliberal tutelado por Estados Unidos, fascista, lleno de odio, que acabe con todos los logros de la revolución. O nosotros hacemos una contraofensiva popular”, afirmó Maduro, al subrayar que “no es tiempo de cohabitación”.
El presidente había afirmado antes de las elecciones que convocaría al diálogo a los diputados electos, pero, tras la aplastante derrota, que atribuyó a una “guerra económica” de empresarios de derecha que provocan la crisis, endureció su discurso y prometió dar la batalla contra lo que llama la “Asamblea burguesa”.
“Esa derecha solo se prepara para mantener su modelo de desestabilización y golpe (de Estado) continuado, utilizando la Constitución”, agregó el presidente en el congreso del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV), convocado para analizar la contundente derrota sufrida en las parlamentarias.
Maduro, que pidió el martes la renuncia a sus ministros para reestructurar su gobierno, agregó que se deben corregir errores, como la burocracia y corrupción, y tomar medidas principalmente en el frente económico en el 2016.
Venezuela cerrará este año, según cálculos privados, con una inflación de 205%, una escasez crónica de dos de cada tres productos básicos, y con miles de millones de dólares en deudas comerciales con proveedores.
Dos exministros del fallecido Hugo Chávez, Jorge Giordani y Héctor Navarro, aseguraron que el país vive “una verdadera catástrofe” económica y que el oficialismo es responsable de la derrota electoral del domingo.
