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Caracas
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes que el presidente Nicolás Maduro hizo "abandono del cargo" y lo responsabilizó de la grave crisis que sufre el país, pero, antes, la Justicia determinó que el Poder Legislativo carece de facultad para destituirlo.
La Asamblea Nacional, controlada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, opositora), votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.
"Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis, para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto", anunció el jefe del Legislativo, Julio Borges, desde la tribuna del hemiciclo.
Según la extensa declaración, "Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela" y está "al margen de la Constitución" por causar "devastación económica", "ruptura del orden constitucional" y "violentar los derechos" de los venezolanos.
Pero poco antes de la sesión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, publicó una nota para aclarar que la Asamblea "no tiene facultad para destituir" a Maduro, quien, añadió, está "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales".
"Gobierno fallido". En una agitada sesión, los opositores acusaron a Maduro de incumplir deberes y hundir al país con una escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo -475% en el 2016, según elFondo Monetario Internacional (FM)I- y una criminalidad desbordada.
"Esto es un gobierno fallido por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera", advirtió a los oficialistas el expresidente parlamentario Henry Ramos Allup.
El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó la iniciativa como un "acto de insensatez e irracionalidad".
"Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más", opinó el diputado chavista Pedro Carreño.
Según la ley, si el Parlamento declara "falta absoluta" del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
La semana pasada, Maduro nombró vicepresidente a un "chavista radical" -como él mismo se define-, Tareck El Aissami, de 42 años, a quien puso al frente de un "comando" contra supuestos planes "golpistas" de la oposición.
La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales del 2018, aunque Maduro, a quien la oposición intentó sacar del poder en el 2016 con un referendo revocatorio que fue suspendido por el poder electoral, se muestra seguro de gobernar hasta que termine su mandato, en enero del 2019.
Analistas han advertido del enorme muro con que se ha estrellado la oposición: el TSJ, que declaró hace cinco meses en "desacato" al Parlamento y nulas todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exigía que su desvinculación fuera votada, lo cual se hizo este lunes antes del debate sobre el abandono del cargo. La corte aún no ha levantado su declaración de desacato.
"Para ser efectiva (la declaración de "abandono de cargo") debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta", afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).
Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, "abandonar el cargo no es ejercer mal" las funciones, sino "dejar de ejercer el poder" y eso no ocurre en Venezuela.
En diciembre, la Asamblea declaró la "responsabilidad política" del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y, de todas formas, el TSJ anuló esa decisión.
El analista John Magdaleno dijo que, aunque cambie estilo y ofensiva, el Poder Legislativo enfrentará en el 2017 "los mismos o peores desafíos" que en 2016: "Su actuación estará condicionada por la estrategia del chavismo, que es reducir las competencias de ese Parlamento".
Salven el diálogo. Sin atisbos de solución al enfrentamiento político en el país, la jerarquía de la Iglesia católica abogó el lunes a por un esfuerzo por salvar el diálogo político y evitar que estalle la violencia.
"No hubo voluntad para llegar a acuerdos que se pudieran evaluar y, sobre todo, que se pudieran poner en práctica (...) y por ello no hubo resultados", dijo este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, en un encuentro con la prensa internacional.
Padrón, acompañado por el cardenal Baltazar Porras y monseñor Víctor Hugo Basabe, secretario general de la CEV, consideró al gobierno como "el responsable principal del fracaso", al acusarlo de "secuestrar" el referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, cuyo proceso fue suspendido por el poder electoral.
Sin embargo, la cúpula eclesiástica también tuvo críticas para la Mesa de la Unidad Democrática.
"Lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene capacidad de cumplir los compromisos que asume (...) y una oposición fraccionada que no sabe poner los intereses de los venezolanos por encima de sus intereses particulares", expresó Basabe.
