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Sao Paulo, Brasil AFP Más de 270.000 brasileños indignados por el megaescándalo de corrupción en Petrobras marcharon nuevamente ayer en São Paulo, Brasilia y decenas de otras ciudades contra el gobierno de Dilma Rousseff.
Al menos 274.000 personas se manifestaron en más de cien ciudades del país, según la Policía, mientras los organizadores calcularon unos 490.000 manifestantes, informó el portal de noticias G1 de Globo.
No obstante, faltan aún las cifras de São Paulo, donde tuvo lugar la mayor protesta del 15 de marzo. En esa fecha, la policía dijo que hubo un millón de manifestantes en São Paulo, pero la encuestadora Datafolha aseguró que eran 210.000. En todo el país, el cálculo fue de al menos un millón de manifestantes.
“Queremos abrir un lugar a la indignación del pueblo brasileño (...). Nuestro foco es que Dilma salga del poder con un proceso dentro de la ley. Puede ser su renuncia o un impeachment (juicio político), pero que salga. Fue elegida en octubre, sí, pero ahora el pueblo quiere su salida”, dijo Janaina Lima, portavoz del movimiento Ven a la calle, desde lo alto de un camión de sonido que avanzaba por la avenida paulista.
Decrece el número. En Brasilia marcharon unas 25.000 manifestantes, prácticamente la mitad que en la marcha anterior, dijo la policía militar, aunque los organizadores aseguraron que eran unos 50.000.
En Río de Janeiro, la multitud frente a la soleada playa de Copacabana parecía ser menor que los 15.000 manifestantes del mes pasado. La policía de Río y los organizadores se negaron a arriesgar una cifra, pero la prensa dio cuenta de unas 10.000 personas.
“Vinimos por todo lo que está sucediendo en Brasil y este gobierno no está haciendo nada. El pueblo tiene que mostrar persistencia y manifestar su indignación, su insatisfacción”, dijo una de las manifestantes en Brasilia, Dianira Loubet, instructora de yoga de 75 años.
Un sondeo de Datafolha mostró el sábado que 63% de los más de 2.800 consultados estaba a favor de abrir un juicio político contra la presidenta por el caso Petrobras.
Los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff y ningún partido político de peso está impulsando esa vía.
Trece senadores, 22 diputados, dos gobernadores, el tesorero del PT y exfuncionarios son investigados por la corrupción en Petrobras, que movió unos $4.000 millones en la última década.
Rousseff, con la popularidad casi por el piso, enfrenta asimismo dificultades tanto en los frentes político como económico, con una economía casi estancada y una inflación que alcanzó el 8,13%.
Para calmar la tormenta política, debió conceder a su vicepresidente Michel Temer, del PMDB -y principal aliado del PT en la coalición- el rol de articulador político entre el gobierno y el Congreso, lo que le ha valido fuertes críticas.
