Escuchar
Caracas. AFP. La escalada del conflicto entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y un fortalecido parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional, que complica aún más la solución de la grave crisis económica y profundiza la polarización del país.
Diputados chavistas pidieron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar “nulas” las decisiones de la Asamblea Nacional, por considerar que cometió “desacato” al juramentar el miércoles a tres legisladores opositores , cuya proclamación había suspendido la Justicia al admitir una impugnación del oficialismo.
“Si el Poder Legislativo está en desacato, al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un parlamento ilegal y, por tanto, sus decisiones son ilegales, nulas”, afirmó el diputado Pedro Carreño.
En abierto desafío al TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reivindicó con esa juramentación la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre.
“Nosotros no hemos incurrido en desacato, quienes incurren en desacato es quien desacata la voluntad popular recientemente después de las elecciones”, refutó el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup.
Carreño también fustigó que la bancada de la MUD creara una comisión para revisar el nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, hecho por los oficialistas poco antes de dejar el control legislativo.
Rumbo de colisión. “Estamos en un proceso de transición muy especial. Hay una confrontación porque no había separación de poderes”, manifestó Mercedes Pulido, académica de varias universidades del país.
El martes, en la instalación del Congreso, Ramos Allup planteó la hoja de ruta de la MUD: presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el Gobierno, aprobar pronto reformas económicas y una amnistía para presos políticos, por la cual abogó este jueves la jerarquía de la Iglesia católica.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, confió en que la Asamblea Nacional “tomará medidas que contribuyan a la distensión y la reconciliación, como será la amnistía para los presos políticos y la vuelta de los exiliados”.
“El conflicto es inevitable. Dicen que nos dan seis meses de vida. Para un golpe de Estado se necesitan cojones. Vamos a ver si los tienen”, afirmó el número dos del chavismo y exjefe parlamentario, Diosdado Cabello, quien también retó a la MUD a aprobar la amnistía: “¿Quién les va a soltar a los presos?”, cuestionó.
Las cartas que tiene la MUD para cumplir su cometido de cambiar el Gobierno son un referendo revocatorio para cuando Maduro, elegido en abril del 2013 por seis años, cumpla la mitad de su mandato, una reforma constitucional o llamar una asamblea constituyente.
Carreño, quien dijo que también se pidió al TSJ ordenar que no se publique ninguna decisión legislativa en la Gaceta Oficial, acusó a la coalición opositora “de montarse en el Parlamento” para dar un “golpe de Estado”.
Para encarar la nueva realidad política del país con lo que llama “un parlamento burgués” y una creciente crisis económica, Nicolás Maduro reorganizó el miércoles su gobierno con [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20160107_0014]]un gabinete [[END:INLINEREF]]que reveló la apuesta por una línea dura de izquierda en materia económica.
“El respaldo del presidente al ala ideológica del chavismo, marginando a los pragmáticos, no permite generar expectativas positivas de cambio.
”Las posibilidades de conflicto institucional aumentan las expectativas negativas sobre la evolución de la economía nacional”, consideró el economista Luis Vicente León.
